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regulación inmobiliaria

El Govern aprueba el límite a los precios del alquiler en Catalunya

El inquilino podrán reclamar judicialmente en caso de que el arrendatario le aplique un precio por encima de tope

Los propietarios podrá cargar un 10% por encima del índice de referencia de precios en las zonas tensas de mercado

Max Jiménez Botías

La consellera de Justicia, Ester Capella, junto a los trabajadores de su departamento.

La consellera de Justicia, Ester Capella, junto a los trabajadores de su departamento. / POL SOLÀ (ACN)

El inquilino podrá reclamar por vía judicial en el caso de que el arrendatario del piso en el que vivie de alquiler le cobre un precio que supere los límites establecidos por el Govern en el decreto ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos que ha aprobado ete martes el Consell Executiu de la Generarlitat a propuesta del Departament de Justícia. El inquilino tiene derecho a recuperar la diferencia entre el límite legal y la renta abonada, con los intereses correspondientes, se precisa. 

La ley permite que este derecho se pueda reclamara por vía judicial, aunque Justícia también impulsará la mediación y otras fórmulas extrajudiciales para resolver las diferencias entre los propietarios y los inquilinos con el objetivo de evitar la judicialización. Desde Justicia se puntualiza que "la resolución extrajudicial de conflictos es más rápida, económica y efectiva que en los procesos judiciales. Así lo ha explicado este jueves la 'consellera' de Justícia, Esther Capella, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern. Capella, acompañada por el 'conseller' de Territori, Damià Calvet, ha insistido en que la medida "demuestra el alma social del Govern" y ha recordado que es pionera en España, aunque no se descarta la posibilidad de que el Gobierno central decida recurrirla ante el Constitucional. "Pero --ha precisado-- lo único que hacemos es desarrollar el derecho civil catalán, lo que está dentro de la Constitución".

El decreto aprobado este martes permitirá la contención de los precios del alquiler en los barrios y ciudades con falta acreditada de vivienda asequible. La norma faculta al pleno del Ayuntamiento de Barcelona para declarar la ciudad o parte de sus barrios como áreas con "mercado de vivienda tenso", condición indispensable para la limitación de los precios. Capella ha recordado que la Carta Municipal de Barcelona faculta al Consistorio a hacerlo y que el decreto ley debía respetar esa posibilidad. La Generalitat se reserva la competencia para declarar zona de mercado de vivienda tenso para el resto de municipios de Catalunya. Y esa competencia la desarrollará la Conselleria de Territori que dirige Damià Calvet. El 'conseller' ha explicado que su departamento se encargará de elaborar el mapa de las zonas de mercado tensa a partir de las cuales los ayuntamientos podrán pedir su inclusión y aplicar limitaciones. "Nuestra idea es trabajar conjuntamente con esos ayuntamientos", ha comentado Calvet. Si bien se deja abierta la posibilidad de que si un municipio no quiere imponer restricciones pueda quedarse al margen.

Un 10% por encima de la media

El decreto  determina que el coste del alquiler en zonas o ciudades donde se aplique la contención de rentas tan solo podrá superar en un 10% el índice de referencia de precios del alquiler, que es el instrumento que se utilizará para determinar la media de los precios de mercado. La norma también incluye que en los aspectos excluidos del sistema de indexación, pero que dan más valor a la vivienda, se podrá aplicar un incremento de 5% adicional, que tendrá que quedar debidamente justificado en el contrato. Se destaca que es un supuesto  para valorar "viviendas con vistas excepcionales u otras características especiales como zonas comunitarias con piscina y jardín".

Además las viviendas de nuevas edificación y las que estén completamente rehabilitadas se podrán alquilar un 20% por encima de lo que establece el índice de referencia, aunque tan solo durante los cinco primeros años posteriores a la finalización de las obras. Estos spisos tendrán una moratoria de tres años para la aplicación de la ley. Pasado ese periodo el precio máximo del alquiler estará sometido a los mismo topes que el resto de viviendas. La ley no es retroactiva, de manera que las viviendas que ya están alquiladas mantedrán el precio vigente a la entrada en funcionamiento de la ley.

Subidas excesivas

La Generalitat tiene com propósito con este decreto "pinchar la burbuja inmobiliaria" --según palabras de Calvet-- que ha provocado que en Catalunyua, el precio medio del alquiler ha credido un 29% en los últimos cino años, lo que significa que el precio de los alquileres ha superado el nivel previo a la crisis. El incremento se ha acentuado particularmente en Barcelona, donde el precio medio de un piso de alquiler de 72 metros cuadrados es acutalmente de 949 euros, lo que supone un 38% más con respecto a cinco años atrás. En este sentido Calvet ha señalado que el índice de refentencia de precios --que se basa en los datos de operaciones reales del Incasòl-- actuará como barrera de contención de los precios y no como trampolín, como teme el sector inmobiliario.