nueva legislación
Promotores y agentes inmobiliarios rechazan la ley que limita el alquiler
Consideran que tendrá un efecto contraproducente en el mercado inmobiliario catalán
Las diferencias que mantienen Justícia y Territori sobre el decreto ley que debe limitar los precios del alquiler en Catalunya deja en el aire la posibilidad de que se apruebe en la reunión del Consell Executiu de la próxima semana. Pero se lleve o no, contará con el rechazo de promotores y agentes inmobiliarios que considera que el mercado del alquiler se verá perjudicado por esa normativa.
"Desde la APCE consideramos esta medida totalmente contraproducente, ya que una intervención del mercado como la que parece está estudiando el Gobierno puede provocar una reducción de la oferta de alquiler, consiguiendo el efecto contrario al que se pretende", ha comentado Marc Torrent, director general de la Associació de Promotors. Los promotores consideran que lo que corresponde en el momento actual es "en lugar de trasladar la responsabilidad del sector público al privado, conseguir un gran pacto por la vivienda y el urbanismo que incluya a todas las administraciones, partidos políticos, y agentes implicados para desarrollar un parque inmobiliario de alquiler asequible con col colaboración público-privada".
La asociación que preside Lluís Marsà se queja de que la Administración catalana no ha contado con su opinión a la hora de elaborar el decreto que quiere aprobar Justícia. En su opinión, si se acaba limitado los precios, es muy probable que la actividad se resienta y no se lleven a cabo promociones destinadas al alquiler o que las que están en marcha se destinen finalmente a la venta.
Seguridad jurídica
Algo parecido opinan los agentes inmobiliarios a los que Justícia les ha anunciado el proyecto de ley, aunque no les han pedido opinión al respecto, ha precisado Joan Ollé, presidente de la Col·legi d'Agents de la Propietat Inmobiliaria. "Todo lo que signifique poner impedimentos solo puede resolverse con un resultado contrario al que se persigue", ha comentado.
Los API defiende que hay que dar seguridad jurídica y estabilidad a los propietarios para que pongan en el mercado sus propiedades. "El 90% de los propietarios están dispuestos a sacrificar entre un 10% y un 20% del precio del alquiler si a cambio cuentan con la seguridad de que si hay problemas se podrán resolver con facilidad", ha apuntado Ollé.
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