El límite a los precios del alquiler aviva la guerra en la Generalitat

El Departament de Justícia que dirige la republicana Esther Capella llevará a la reunión del Govern del próximo martes un decreto ley para hacer posible la limitación del precio de los arrendamientos en las zonas con alta demanda acreditada de pisos de alquiler. La nueva norma facultará al departamento competente en materia de vivienda (Territori) para que pueda regular el precio, ya sea directamente o dando la capacidad para hacerlo a los ayuntamientos u otros entes supramunicipales, como adelantó este diario. La posible aprobación del decreto, anunciada ayer por Jústicia, permitirá al Ayuntamiento de Barcelona limitar los precios del mercado, una medida que defiende el actual Consistorio de Ada Colau.

El anuncio, sin embargo, parece abundar en las diferencias que ya existen entre las conselleries de Justícia (ERC) y Territori (PDECat), que dirige Damià Calvet, opuesto a establecer topes en los precios. Desde Territori se precisó ayer que aún no hay un acuerdo entre las dos 'conselleries' que permita llevar el  decreto a su aprobación en el 'Consell Executiu'. Y apuntanron a expectativas electorales en Barcelona la prisa de ERC por aprobar el decreto.

 Capella  se reunió ayer con los representantes de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, Gerardo Duelo y Joan Ollé para comunicarles la presentación del decreto, aunque por el momento se desconoce el contenido del mismo, según Ollé, más allá de que se aplicará en las poblaciones catalanas con demanda acreditada, cerca de 75 municipios, incluido el de Barcelona, y que se desarrollará en dos fases. En la primera se aprobará el decreto ley y en una segunda, se llevará cabo la reforma del Código Civil, para incluir la limitación de los alquileres. 

Precios por ley

Con el reconocimiento o acreditación del aumento desproporcionado del precio del alquiler, el importe de los contratos de arrendamiento quedará fijado por ley a partir del índice de referencia de precios del alquiler. El Govern plantea el decreto ley para regular el precio del alquiler después de que el Parlamento instara al Executiu  a tomar «medidas urgentes» para «limitar el incremento de los precios en zonas de fuerte demanda acreditada». La regulación se lleva a cabo mientras se prepara el anteproyecto de ley de arrendamientos, que incluirá esas medidas y además alargará la duración de los contratos e impedirá fianzas abusivas.

La ley catalana de arrendamientos incluirá la obligatoriedad de documentar el estado de los pisos con vídeos o fotografías. Con esta medida, por un lado, los inquilinos recuperarán las fianzas más fácilmente, sin tener que afrontar reclamaciones por daños que no hayan provocado. Por otro, los propietarios podrán constatar los daños causados a su inmueble durante la vigencia del contrato y resarcir su valor. Así, la nueva regulación de los arrendamientos reducirá el número de disputas y su judicialización. Así, al menos, lo considera Justícia.

Cuestión de Compentencias

La nueva norma va más allá de la regulación de los alquileres aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y se basa en la competencias exclusivas que tiene Catalunya para regular el Código Civil. Sin embargo, será la primera vez que éste regule directamente los contratos de alquiler de viviendas.  Justícia ha reivindicado las «competencias propias» de Catalunya y reclamado lealtad al Gobierno y al futuro ministro de Fomento para respetar esta regulación, lo que sin embargo no  excluye un posible recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central. 

Destaca Justícia que la limitación del precio del alquiler es una iniciativa para favorecer el acceso a la vivienda que el Código Civil de Alemania recoge desde hace 30 años. Otros estados como Italia lo aplican desde 1998. Aparte de estas dos experiencias, también cuentan con fórmulas para regular el precio del alquiler en Portugal, Austria y Suiza. En Europa, Francia es el último que ha aprobado una norma con el objetivo de evitar los abusos a los inquilinos, en noviembre del año pasado. En EEUU, Oregón es el primer estado con medidas de contención de rentas.