Las cláusulas sociales de las licitaciones públicas enfrentan a contratistas y administraciones

Los contratistas de obras públicas de Catalunya y las administraciones --principalmente los ayuntamientos, que son los que han mantenido la actividad en la licitación durante los últimos dos años-- discrepan sobre la aplicación de las clausulas sociales en los contratos, particularmente por lo que se refiere la posibilidad que tienen los ayuntamientos de incidir en la retribución que deben cobrar los trabajadores de las empresas que se adjudican los concursos públicos para ejecutar obra pública

La ley de contratación pública transpone al ordenamiento jurídico español, dos de las tres directivas de contratación de la Unión Europea. La norma entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Una de las novedades más importantes es la inclusión, de manera transversal a todas las licitaciones, de aspectos y cláusulas sociales y ambientales con el objetivo de fomentar la compra pública con responsabilidad social y ambiental. La nueva ley pone de relieve la dimensión instrumental de la contratación pública para lograr un crecimiento eficiente, de acuerdo con la pauta marcada por la Estrategia Europa 2020.

Sinb embargo, la Cambra de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya (CCOC) ha denunciado una proliferación inadecuada de cláusulas sociales que, a su juicio, están mal planteadas en los pliegos de las licitaciones de obras públicas. El presidente de esta Cámara, Joaquim Llansó, destaca que han aumentado este tipo de cláusulas "bienintencionadas" que, en la práctica, acaban siendo ineficaces o bien alteran equilibrios internos de las empresas, según esta corporación.

Distorsión del convenio

Los contratistas dirigen sus quejas contra los ayuntamientos, pero apuntan directamente a la sociedad Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), puesto que, según destacan, piden en algunas licitaciones que se pague a los trabajadores hasta un 10% más de lo previsto en el convenio del sector, algo que supone crear "desigualdades en el seno de las empresas", según los contratistas. "EL convenio de la construcción ya está por encima de la media del sector, con lo que esas cláusulas acaban distrosionado los precios", ha afirmado Llansó. A su juicio, no tiene sentido que ese trabajador cobre un 10% más por una obra que otro trabajador del sector que realiza otra obra de iguales características licitada por un ente diferente. "Están entrando en nuestra cocina", ha asegurado Llansó para expresar su queja de que los pliegos de las licitaciones se inmiscuyan en la política salarial de una empresa. Con cláusulas como esta, "se rompe el juego de las relaciones laborales de una empresa con un retorno social cuestionable", destacan

Otro ejemplo de estas cláusulas es que se exija en un pliego que se contrate a parados para adjudicarse una obra en épocas de crisis económica, porque esa empresa puede llegar a despedir a más trabajadores en plantilla de los que necesitaría simplemente para hacerse con esa licitación, sostiene Puig. Los contratistas también denuncian que algunas administraciones pidan que se contrate a personas con exclusión social y al mismo tiempo buscan recortar al máximo el precio al que se adjudica la obra.

Mesa de Contratación en el origen

Desde la Administracion local barcelonesa se recuerda que en el 2017 el Consisitorio ya publicó una instrucción de contratación social "que tiene su origen en los acuerdos de la Mesa de Contratación en la que los propios contratistas estaban representados", afirman fuentes municipales.  Esta instrucción prevé incorporar cláusulas sociales en los pliegos de licitación, entre los que está el de mejora salarial.

BIMSA, en aplicación de esta instrucción, ha incluido en sus pliegues un criterio por el que se puntúa la mejora salarial voluntaria que las empresas quieran ofrecer al personal de mano de obra directa de las obras. "El criterio pretende incentivar a las empresas a mejorar la retribución del personal que debe ejecutar una obra en la ciudad de Barcelona, como medida social en favor de una mejor redistribución de las rentas en la ciudad y para potenciar unos salarios más justos", defiende la empresa municipal, que al mismo tiempor recuerda que "no es obligatorio pagar un sueldo determinado. Solo si la empresa voluntariamente hace una oferta en relación con esta cláusula, es cuando es de obligado cumplimiento. Pero las empresas que presentan una oferta sobre esta cláusula lo hacen de manera voluntaria, no es obligatorio", subrayan.