El tercer sector sale a la calle y exige más recursos a la Administración tras la subida del SMI

Las entidades del tercer sector que gestionan los centros especiales de empleo (en catalán CETs), dedicados a la inserción laboral de personas con discapacidad, se han manifestado este jueves para exigir más recursos a la Administración. Tras la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros (es el sueldo más común en los CETs) y la congelación de subvenciones tras el estallido de la crisis, el sector ve amenazada la viabilidad del actual modelo de inserción laboral. Para defenderlo han sacado a las calles de Barcelona a 5.000 personas, entre trabajadores del sector y familias, según datos de Dincat, una de las patronales con mayor peso entre las entidades sin ánimo de lucro. Según la Guardia Urbana han sido 3.000 personas.

El amarillo ha teñido el centro de Barcelona en la mañana de este jueves, pero no el de los lazos, sino el de los chalecos del tercer sector que ha comenzado su manifestación frente a la delegación del Gobierno, ubicada en la calle Mallorca. Allí han exigido responsabilidades al Ejecutivo por la falta de acompañamiento con la que consideran planteó la subida del SMI. Los CETs se financian al 50-50 entre fondos públicos y privados y el Gobierno central todavía tiene pendiente de abonar a las comunidades autónomas un extra de 83 millones de euros para paliar los efectos de la subida. Estos todavía no han sido expedidos, según aseguran fuentes de la 'conselleria' de Treball de la Generalitat, y esperan recibirlos a finales de abril.

Inspección de Trabajo inicia una campaña sobre los centros de trabajo para discapacitados

Más allá del atraso en los fondos que llegan desde Madrid, el tercer sector también señala a la Generalitat. Esta ha ampliado su partida el 22% este año, en la misma proporción que la subida del salario mínimo, hasta un total de 93,5 millones de euros (50 millones del Gobierno central y 43,5 millones de la Generalitat). Desde Treball rechazan ampliar más los fondos este año, debido a la falta de presupuestos, y ven complicada una política de priorización de unos centros, los que reúnen a personas con una mayor incapacidad y más difícil inserción, frente a otros, debido a la amenaza de demandas que ello pudiera ocasionarles.

Una carencia desde hace 10 años

Desde las entidades se señala que la actual dotación presupuestaria es insuficiente, sumada a la congelación de tarifas que desde el 2009 sufren las empresas que gestionan servicios relacionados con las personas con discapacidad. Este 2019 la Generalitat prometió romper una década de estancamiento, aunque la ausencia de presupuestos dejó sin efecto dicho compromiso, tal como reconocen desde Treball. A corto plazo Dincat prevé, si no hay cambios, que 1.600 personas perderán su puestos de trabajo; y, al largo, sube la cifra a 10.000.

A ello se añade que los CETs no pueden actualizar un contrato de prestación de servicio en vigor para trasladar el aumento del coste de la subida del SMI a la subida del coste de sus servicios. Ello ha provocado que en varios de los 205 CETs que operan en Catalunya y que dan empleo a 16.333 personas, según datos de Treball, no se esté aplicando la subida del SMI o se aplique a costa de eliminar determinados complementos. Por ello, y tal como ya avanzó EL PERIÓDICO, Inspección de Trabajo está llevando a cabo una campaña de actuaciones en Catalunya para certificar el correcto incremento del SMI en los CETs.