Inspección de Trabajo inicia una campaña sobre los centros de trabajo para discapacitados

Inspección de Trabajo ha iniciado en Catalunya para certificar si los centros especiales de empleo, que dan trabajo mayoritariamente a personas con discapacidad, están aplicando de forma correcta la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros. Dicha actuación, de la que todavía no hay diligencias cerradas, llega tras una batería de denuncias por parte de los trabajadores, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO tanto de empresas, sindicatos y el Departament de Treball de la Generalitat. En Catalunya, a 31 de diciembre del 2018, últimos datos de los que dispone la 'conselleria' de Treball, Afers Socials i Famílies, había un total de 205 Centres Especials de Treball (CET), que daban empleo a 16.333 personas, entre las cuales el sueldo predominante es el mínimo.

Según denuncian desde CCOO y UGT, una de las tácticas habituales de las empresas para evitar un gran aumento del coste salarial que supone equiparar todos los sueldos a un mínimo de 900 euros es trampear vía complementos, como el de productividad, nocturnidad o antigüedad. Un ejemplo, tal como evidencia una de las nóminas a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es el pago de 900 euros de salario base, más 78 euros en concepto de trienios, menos 78 en concepto de "complemento SMI". Otra de las vías es, con el mismo salario, promover acuerdos individuales de centro para ampliar la jornada laboral.

Responsabilidades público-privadas

Los CETs se financian al 50-50 entre fondos públicos y fondos privados. Este año Treball habilitado 43,5 millones de euros, más 50 millones del Gobierno central, para sufragar los costes. "Son recursos insuficientes para costear el aumento y ponen en riesgo el modelo de inserción laboral de personas con discapacidad en Catalunya", cuentan desde Dincat, la principal patronal de empresas sin ánimo de lucro, que gestiona 94 de los CETs catalanes. "Si no recibimos más presupuesto, a corto plazo están en riesgo en nuestros centros 1.600 puestos de trabajo", afirman desde la organización.

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Dincat distribuyó el pasado enero una circular entre sus afiliados, a la que ha tenido acceso este medio, en la que "recomienda no aplicar el SMI hasta que no haya un acuerdo escrito que recoja el compromiso del Departament [de Treball] o, por parte del Estado, la financiación complementaria, suficiente y específica para paliar los efectos del incremento del SMI". No obstante, desde la entidad en marzo se retiro dicha recomendación y actualmente sí se está pagando el mínimo de 900 euros, asumiendo el sobrecoste "a crédito", según cuentan desde Dincat.

Este jueves Dincat ha convocado una protesta en Barcelona para exigir tanto a Gobierno como a Govern más fondos para poder hacer frente tanto al aumento del SMI, como a la congelación de las subvenciones públicas que han sufrido en la última década. "Estamos de acuerdo en que se tienen que ampliar los recursos, pero no se puede descargar la presión mientras tanto en el eslabón más débil: los trabajadores", cuenta el responsable de UGT de Catalunya, Carlos Moreno.