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transporte

El Govern abre expediente informativo a Cabify por los contratos en Barcelona

La empresa de VTC replica que ha vuelto a Barcelona con el mismo modelo de negocio que las empresas tradicionales del sector

EL PERIÓDICO

Un coche de Cabify en Barcelona.

Un coche de Cabify en Barcelona.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha abierto un expediente informativo a la empresa Prestige & Limousine, del grupo Cabify, porque la información que facilitan a sus clientes sobre el tiempo de precontratación -15 minutos en el primer servicio- no aparece en el contrato posterior.

Según ha informado el departamento de Territori, se "exige" a la compañía que aclare los términos de contratación y prestación del servicio de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El expediente abierto recoge que la comunicación enviada a los usuarios especifica que "sólo deberán contratar el servicio con 15 minutos de antelación el primer trayecto. Posteriormente, se asegura que se podrá disfrutar del servicio 'con la misma inmediatez de siempre'".

Sin embargo, esta información, según Territori, no aparece en el modelo de contrato de servicios de transporte que la empresa pone a disposición de los usuarios. En este contrato, Prestige & Limousine pone de manifiesto que asume la obligación de cumplir con la normativa de transporte terrestre aplicable y, en concreto, cita la ley estatal de ordenación de transportes terrestres de 1987, las normas que la desarrollan y el decreto catalán de medidas urgentes convalidado por el Parlament el 28 de febrero.

Este decreto, que se aprobó tras días de intensas protestas de los taxistas del área metropolitana de Barcelona el pasado enero, obliga a las VTC, entre otras medidas, a precontratar el servicio con 15 minutos de antelación. Pero para sortear la dificultad que supone para su negocio, Cabify solicita a sus usuarios que firmen un contrato anual, gratuito y prorrogable, mediante el cual sólo están obligados a reservar con un margen de tiempo el primer viaje.

Ahora, Territori considera que las divergencias entre la información que se facilita a los usuarios y el contrato "pueden confundir a los usuarios", por lo que ha decidido abrir un expediente informativo para verificar si la empresa cumple tanto con la ley de 1987, como con el decreto de medidas urgentes. El Govern fija un plazo de 10 días hábiles para que la empresa aporte la documentación acreditativa de los términos en los que se contrata y se presta el servicio de VTC. Además, la empresa deberá aportar el detalle de los servicios realizados entre el 7 y el 10 de marzo, con indicación de la hora de contratación y del inicio de la prestación del servicio. Y advierte a la compañía de que no atender sus requerimientos se consideraría "una obstrucción a la tarea de inspección que corresponde al Departament". 

La respuesta de Cabifay no se ha hecho esperar. Este mismo lubes ha emitido un comunicado en el que afiorma que "Cabify siempre colabora con todas las administraciones en los territorios donde opera y en este caso, como es lógico, atenderemos cumplidamente a cualquier requerimiento de información que nos haya hecho la Generalitat, del que hasta ahora no hemos recibido notificación oficial alguna".

La compañía asevera que han decidido volver a Barcelona "con un nuevo modelo de negocio, el de las empresas de transporte -el mismo que utilizan las VTC tradicionales que operan con normalidad en Catalunya-" y que se ha "ajustado a la normativa vigente". Habrá que esperar a las respuestas más concretas a los requerimientos de la Generalitat es este nueve enfrentamiento entre la administración autonómica y la empresa de transporte.
 

Temas: Uber Taxis