Huawei demanda al Gobierno de EEUU por la prohibición de sus productos

Huawei ha demandado al Gobierno estadounidense por prohibir sus productos y le ha acusado de espionaje. Su vicepresidenta, Meng Wanzhou, había demandado esta semana al canadiense por su detención de diciembre. Los mandobles sugieren que ha terminado la fase de tanteo en ese combate en el que la tecnológica se juega su honorabilidad y el negocio. El asunto trasciende al destino de una empresa privada. Huawei ocupa el centro de la fragorosa guerra tecnológica que libran <strong>Estados Unidos</strong> y<strong> China</strong> por la primacía económica mundial.

La demanda presentada ante la justicia de Plano (Texas), donde está su sede estadounidense, sostiene que la prohibición de vender sus productos a instituciones gubernamentales y sus contratistas viola la Constitución. Lo ha revelado esta mañana el presidente rotatorio, Guo Ping, en una rueda de prensa en Shenzhen. “Después de agotar todas las vías para disipar las preocupaciones de algunos legisladores estadounidenses, no nos ha quedado más remedio que acudir a la Justicia. Esa prohibición no es sólo ilegal sino que daña tanto a Huawei como a los consumidores estadounidenses”, ha explicado.

El 'caso Huawei' amenaza con agravar la crisis comercial entre Norteamérica y China

Alude a la sección 889 del Acta de Autorización de Defensa Nacional que firmó Donald Trump en agosto. Sostiene Huawei que viola al menos tres preceptos constitucionales, incluido el que prohíbe señalar a un individuo o grupo y castigarle sin juicio. “Cita a Huawei por su nombre, lo coloca en la lista negra, daña su reputación y le niega cualquier posibilidad para limpiar su nombre o escapar de las sanciones”, señala. El acta también viola la separación de poderes porque el Ejecutivo se ha arrogado las competencias judiciales, añade. Y extiende sus efectos también a las compañías privadas que contratan con las agencias federales incluso en proyectos desvinculados del Gobierno.

Campaña de difamación

La compañía de Shenzhen ha sufrido desde Washington en los últimos meses una campaña de difamación por su presunto espionaje que ha incluido las presiones a gobiernos aliados para que rompan sus acuerdos ya firmados. La demanda se entiende también como un mensaje para Reino Unido o Alemania, aún fieles a Huawei, de que luchará por su reputación antes de que arrecien las dudas en su opinión pública.

Huawei recuerda que la prohibición ha sido dictada por Washington sin haber presentado una sola prueba de espionaje. Song Liuping, jefe legal de la compañía, ha prometido que no ha implantado ni implantará puertas traseras en sus redes de 5G para recabar información. “Sería un suicidio comercial”, ha razonado.

La denuncia desnuda la flagrante hipocresía del gobierno estadounidense. ¿Está moralmente legitimado Washington para castigar a alguien por espionaje? No después del 'caso Snowden'. El antiguo contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas inglesas) no sólo desveló la febril recolección de datos de particulares y empresas que había desmentido la Casa Blanca. También, para el caso que nos ocupa, acreditó sus ataques a Huawei.

“El Gobierno estadounidense ha calificado durante mucho a tiempo a Huawei como una amenaza. Ellos nos han pirateado los servidores y robado nuestros emails y código fuente”, ha recordado Guo esta mañana. “PRISM, PRISM escrito en la pared. ¿Quién es el deshonesto aquí”, había repetido el mes pasado en el Congreso de Telefonía Móvil de Barcelona. Se refería al programa de la NSA que recopilaba información de las compañías tecnológicas.

Ciberataques

El diario 'The New York Times' reveló cinco años atrás, gracias a los documentos aportados por Snowden, que la NSA había entrado en los servidores de la sede de la compañía en Shenzhen para informarse sobre el funcionamiento de sus equipos y robar emails de sus altos ejecutivos. Los ciberataques también buscaban pruebas de los vínculos del Gobierno con la compañía, fundada por un exsoldado del Ejército de Liberación Popular y ahora miembro del partido.

Meng Wangzhou, la heredera de Huawei, había demandado el lunes a Canadá por “graves violaciones” de sus derechos civiles durante su detención en el aeropuerto de Vancúver. Sus abogados aseguran que fue interrogada “bajo la apariencia de un procedimiento rutinario” para extraerle información y que tardaron tres horas en comunicarle los motivos reales. La demanda, presentada contra el Gobierno, la policía y la agencia de aduanas, es paralela al proceso de extradición por el que podría ser enviada a Estados Unidos para responder por casi dos docenas de cargos de fraude y conspiración. El caso envía las relaciones bilaterales entre China y Canadá al lodo.