Entrevista Antonio Garamendi
La CEOE recomienda a la Generalitat no meterse entre Foment y Pimec
Garamendi dice que no le gustaría "que la política gestione la representatividad en función de intereses particulares"
El presidente de la CEOE considera "paradigmática" la situación de las organizaciones empresariales en Catalunya y la decisión de la Generalitat de realizar un conteo de la representatividad de las organizaciones empresariales catalanas para determinar cuántas empresas están afiliadas a Foment y cuántas a Pimec -actualmente el 75% de la representatividad corresponde a Foment del Treball y Fepyme y el 25% restante a Pimec-. Una idea que no convence del todo a Garamendi que no ve con buenos ojos que "la política gestione la representatividad en función de intereses particulares".
Y ¿qué quiere decir con eso? Pues que espera que "concretamente la Generalitat no quiera utilizar su poder para marcar la representatividad y decida que una empresa de 5.000 trabajadores tenga el mismo peso que una de uno". A su juicio "es algo importante que se tenga en cuenta cuál es realmente la representación en el PIB real de cada una, que es lo mismo que dice Foment del Treball".
En otro orden de cosas, el presidente de los empresarios hace un breve análisis de situación sobre las incertidumbres que se avecinan y que pueden afectar a la economía española en el que incluyó en el mismo bombo el 'brexit', la guerra comercial, la ralentización de la economía alemana y "un problema que está ahí y nos afecta: el problema de Catalunya".
Según Garamendi, entre el 70% y el 80% de las empresas del Ibex 35 tienen en sus memorias que puede haber un riesgo político en España. No obstante, dijo que desde la óptica empresarial y económica la situación en Catalunya "está mejor que hace un par de años". "Pero desde el punto de vista político, con elecciones múltiples a la vista, todo se va a tensionar", añadió.
El SMI ya está lastrando el empleo
Sobre el salario mínimo interprofesional, el presidente de la CEOE, que siempre fue contrario a la subida hasta los 900 euros aprobada por el Gobierno en diciembre y ya advirtió entonces de que llegaría un momento en el que las empresas no podrían "pagar ni contratar a la gente", aseguró que ese momento no se ha hecho esperar más y que los "efectos destructivos" del salario mínimo se van a apreciar "seguro" en el primer trimestre.
"Vamos a ver que los datos de empleo no van a ser los que se esperan (…) El instinto empresarial y los economistas nos dicen que esto va a pasar", dijo Garamendi sobre un trasvase de contratos hacia la economía sumergida.
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