La Generalitat comienza el conteo sobre la representatividad entre Foment y Pimec

La Generalitat ha iniciado este lunes el proceso de conteo de la representatividad de las organizaciones empresariales catalanas. La publicación del anuncio en el Diari Oficial de la institución inicia la cuenta atrás del proceso de recuento, que durará un mes y que pondrá fin así a una disputa entre Foment del Treball y Pimec iniciada hace casi dos décadas. Una vez superados los 30 días en los que la 'conselleria' de Treball, siguiendo una sentencia del Tribunal Supremo, determinará cuántas empresas están afiliadas a Foment y cuántas a Pimec, las patronales catalanas sabrán cuál de las dos es más representativa en las mesas de negociación. Por su parte, Foment ha reaccionado al anuncio afirmando que recurrirá judicialmente la orden de la Generalitat.

Actualmente la distribución del peso de cada una de las entidades patronales es del 75% de cuota entre Foment y Fepime, la representante de las pymes dentro de Foment, frente al 25% de Pimec. La Generalitat ha ido posponiendo varias veces durante los últimos meses el inicio de dicho conteo, para dar tiempo a las organizaciones a que llegaran a un pacto que evitará su intervención. Ello perseguía que la cifra consensuada fuera aceptada entre las partes y evitara las fricciones fruto del posicionamiento de las empresas que estuvieran afiliadas a ambas organizaciones. La orden de la Generalitat ya contempla un mecanismo para dichos casos, que consiste en un voto ponderado a partes iguales para ambas organizaciones. 

Nuevo reparto de sillas

Un nuevo conteo que reconfiguraría los equilibrios dentro de la bancada de la patronal, principalmente en aquellos órganos de concertación social en los que el Govern elabora políticas públicas juntamente con organizaciones empresariales y sindicatos. En el consejo de dirección del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), donde los actores sociales codeciden el reparto de fondos para políticas activas de empleo o el diseño de nuevas prioridades, entre otros, las patronales tendrán que volver a repartirse según el resultado los seis vocales que allí tienen asignados.

El Consell de Treball, Econòmic i Social (CTESC) y el Consell de Relacions Laborals son otros ejemplos donde se negocian, entre otros, algunas condiciones para las contratas públicas. Pese a la reconfiguración en los ámbitos más oficiales, la pura negociación colectiva, es decir, la negociación directa de convenios, seguirá sujeta a los equilibrios patronales dentro de cada sector. No obstante, el peso dentro de las negociaciones para acuerdos marco como el Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) sí que se verían afectados.

Otro aspecto, al que ambas organizaciones restan importancia, es la asignación de subvenciones públicas. Según coinciden ambas entidades, actualmente la Generalitat les condece dos millones de euros anuales, a repartir según la representatividad.

Casi dos décadas de conflicto

En septiembre del pasado 2018, Pimec cerró con la anterior junta directiva de Foment, presidida por Joaquim Gay de Montellà, un acuerdo provisional que dejaba al 50-50 la representatividad entre ambas entidades, con Fepime fuera de la ecuación. Dicho pacto, firmado por los secretarios generales de ambas entidades y del secretario general de Treball, Afers Socials i Famílies, fue rechazado por la actual directiva de Foment, liderada por Josep Sànchez Llibre. “No estamos dispuestos a aceptar un reparto 50 a 50”, ha declarado durante una rueda de prensa posterior este lunes el presidente de Foment.

El mecanismo mediante el que la Generalitat determinará el peso de cada una de las entidades se basa en un decreto del 2015. Este fue impugnado frente a los tribunales por Foment, llegando sus recursos hasta el Tribunal Supremo. Este órgano, según recuerda el DOGC publicado este lunes, desestimó las alegaciones de Foment el 21 de junio del 2018 y de nuevo el 24 de enero del 2019. 

Foment sopesa no presentarse al recuento

Foment del Treball ha respondido a la publicación del DOGC afirmando que sopesa no presentarse al recuento, dado que considera que los criterios establecidos en el decreto que rige el conteo son "arbitrarios" y "vulneran el principio de seguridad jurídica", según ha afirmado su presidente, Josep Sánchez Llibre. Estos priman el número de empresas para medir la representatividad y la patronal de la gran empresa catalana ya exigió anteriormente a la Generalitat que modificara el baremo para incluir cuestiones como el PIB generado, el número de trabajadores empleados o los volúmenes de facturación. "Foment representa como mínimo del 70% del PIB catalán [...] tener enfrente a una organización como la nuestra no interesa a nadie", ha declarado Sánchez Llibre. 

Por su parte, Pimec ha manifestado a través de un comunicado su satisfacción con el anuncio, calificándolo de "hecho histórico" que permitirá que "por primera vez las organizaciones empresariales puedan demostrar su representatividad". "Han sido muchos años de agravios", ha declarado la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana.

Pese a las públicas posturas enfrentadas entre ambas entidades, ninguna de las dos ha renunciado a acabar llegando finalmente a un acuerdo para consensuar unas nuevas cifras de representatividad antes de que la Generalitat efectúe el conteo.