privatización fallida
El Govern constituye el consejo de la firma pública ATL
La medida se aprueba pocos días después de que el TSJC complicara la resolución de contrato de gestión en manos de Acciona
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
A. S.
La Generalitat ha constituido el consejo de administración de Aigües Ter Llobregat (ATL), el nuevo ente público de que gestionará el agua en alta de cinco millones de catalanes y que ha de hacerse con las riendas de la sociedad que actualmente gestiona un concosrico encabezado por Acciona.
Esta medida se toma después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya complicado la resolución del contrato de gestión invalidado a principios de este año, tras una batalla judicial de cinco años.
El consejo de administración de la nueva ATL está presidido por la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà. Está compuesto además por represnetantes de las 'conselleries' de Territori, Presidència, Salut y Vicepresidència y Economía.
La sesión constitutiva celebrada este lunes está contemplada en un decreto ley aprobado este verano que obligaba a su celebración antes del 31 de diciembre.
El mismo decreto también recoge que la nueva ATL debe entrar en funcionamiento como máximo el 1 de enero próximo y que el ente llevará a cabo sus servicios de abastecimiento a través de la red Ter-Llobregat de titularidad de la Generalitat.
La creación del consejo de administración llega tras meses de conflicto entre la Generalitat y Acciona, ya que la administración catalana rechaza indemnizar al consorcio liderado por Acciona por los daños y perjuicios por más de 1.000 millones causados por la rescisión del contrato de gestión de la ATLL. El Govern le reclama 38,4 millones.
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