El TSJC complica la devolución de ATLL a la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha complicado la resolución del contrato de gestión de la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL), en manos de un consorcio encabezado por Acciona, y que los tribunales invalidaron a principios de este año, tras una batalla judicial de cinco años.

Además, según un decreto del Govern de junio pasado, la gestión de la compañía que abastece de agua a las compañías de suministro de Barcelona y un área de casi cinco millones de habitantes, debería pasar a manos públicas a partir del próximo 1 de enero.

Esta resolución judicial viene a complicar aún más la posibilidad de cumplir ese plazo. La sociedad concesionara está obligada a seguir prestando el servicio mientras no se produzca de forma efectiva el cambio de titularidad y tome las riendas el Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), el nombre que se le ha dado a la nueva firma pública.   

En un auto con fecha del pasado lunes, en respuesta a un incidente de ejecución de sentencia planteado por la sociedad concesionaria y Acciona Agua, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Admninistrativo del TSJC determina que el contrato de gestión de ATLL es "anulable", pero no nulo de pleno derecho. Eso contradice el punto de vista que defendía la Generalitat en la propuesta de resolución reciente en la que, lejos de admitir compensar a la concesionaria con los más de 1.000 millones que exigía, le reclamaba unos 38 millones. Fuentes de Territori consideran que la interlocutoria, en términos generales, les da la razón, aunque todavía estudian el contenido y destacan que el tribunal impone a la concesionaria y a Acciona el pago de las costas.  

Compensaciones

En las alegaciones presentadas por la sociedad concesionaria se entiende que el contrato no es nulo de pleno derecho y, por tanto, ha surtido efectos durante el tiempo en el que ha funcionado (está vigente desde el 1 de enero del 2013). Por tanto, hay que resolverlo y atenerse a las compensaciones previstas en el pliego de condiciones con el que Acciona y sus socios se hicieron con la concesión. La propuesta de resolución que trasladó la Generalitat hace unos días, en la que reclama 38 millones basándose en la nulidad de todo el procedimiento, se aparta de la línea que había defendido hasta ahora la propia Administración catalana, que concidía con la de la sociedad concesionaria. De hecho, en sus alegaciones, la concesionaria utiliza los argumentos empleados por la propia Generalitat durante los años de pleito con Aigües de Barcelona (Agbar), que impugnó en el 2013 el concurso de concesión.  

Otro de los argumento de Acciona y ATLL se centra en demostrar que la anulación de la adjudicación fue responsabilidad de la Generalitat, como admite el propio fallo judicial que invalida el contrato. Destaca, a su vez que la concesionaria debe ser compensada, tal como admitió  incluso en el 2013 el entonces 'conseller' de Economia, Andreu Mas-Colell. En las cuentas de la Generalitat del 2015 se llegó a incluir una partida de 380,29 millones, más de lo que había anunciado públicamente, para cubrir el "riesgo" de que los tribunales decidan revolver el contrato. Ahora, con el criterio contrario, 

Acciona y sus socios reclaman 1.036 millones, 305 de compensación y el resto, por daños y perjuicios. Estas cifras las calcularon Deloitte y y PwC por encargo de Acciona.