18 sep 2020

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El impuesto de las hipotecas

El Gobierno debe decidir si asume el fallo del Supremo o si cambia la ley

El proyecto de ley hipotecaria pretende clarificar el reparto de cargas entre banca y clientes

La Comisión de Economía del Congreso se reunirá el día 13 tras analizar la sentencia del alto tribunal

Rosa María Sánchez

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Senado, en una imagen de archivo.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Senado, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que debate el proyecto de ley hipotecaria decidió este martes retrasar hasta el próximo día 13 la reunión inicialmente prevista para incorporar al texto una propuesta que clarifique el reparto de cargas entre el banco y el cliente a la hora de formalizar un crédito con garantía inmobiliaria.

En un principio, el propósito del Gobierno, a través del Grupo Socialista, era trasladar al texto del proyecto de ley el criterio que resultara del fallo del Supremo sobre a quién corresponde pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados ligado a la consitución de una hipoteca. 

Al menos ese era el propósito hasta antes de conocerse, este mismo martes, que el nuevo fallo del Supremo, en contra de lo previsto de forma mayoritaria, ha vuelto a asignar al cliente la obligación de pagar el citado impuesto.

Tras este sorprendente fallo del Supremo, el Grupo Socialista está ahora a la espera de que el Gobierno decida si traslada al proyecto el criterio del Supremo (y dar certeza jurídica a que el cliente sea el sujeto pasivo del impuesto) o si por el contrario aprovecha la tramitación para promover un cambio efectivo de esa ley, con efectos a futuro, nunca de carácter retroactivo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez comunicó este martes que va a analizar con calma la decisión del Supremo y no entrará a valorarla hasta la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves.

Al Gobierno le urge la tramitación del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, pues viene impuesto por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria cuya trasposición ya acumula un retraso de más de dos años y medio. Como consecuencia de este retraso, España está expuesta a un riesgo de sanción millonaria por parte de la Comisión Europea si la definitiva aprobación de la nueva ley no se produce en las próximas semanas.