JUSTICIA

Jueces y fiscales piden la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Supremo por las hipotecas

JpD y la UPF acusan a Díez-Picazo Giménez de generar "alama social" y fomentar el desprestigio de la profesión

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Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido este lunes la dimisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, como máximo responsable de la sentencia que la pasada semana dictaminó que correspondía a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Esta asociación de magistrados subraya el gran impacto de esta medida urgente. "No existen precedentes de esta insólita actuación del Sr. Díez-Picazo Giménez: si quería hacer uso de los arts. 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la Sentencia. De lo contrario se enfrenta el Sr. Díaz-Picazo a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable", recalca.

Por ello, Juezas y Jueces para la Democracia le señalan como "único y exclusivo responsable" y le acusan de generar "alarma social", "desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica" e "inseguridad jurídica", además de poner "en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen" del sector.

A través de Twitter, JpD exigió "la dimisión inmediata" del presidente de la Sala. Esa misma vía es la que utilizó la organización de fiscales para decir que "la insólita actuación del presidente de la Sala III del TS, la magnitud de sus consecuencias para la seguridad jurídica y el descrédito para la Justicia, exigen su dimisión".

El nuevo Pleno, el 5 de noviembre

El pleno Supremo revisará la sentencia de las hipotecas el 5 de noviembre. 

La actuación de Díez-Picazo está en tela de juicio por no haber sido capaz de anticiparse a una sentencia que daba un giro copernicano a la doctrina del Supremo mantenida en una sentencia de principios de este año y no haber dictado su avocación a Pleno para que fueran los 31 miembros de la Sala los que se pronunciaran sobre la jurisprudencia del Alto Tribunal.

El terremoto que produjo el cambio de criterio del Supremo en esta materia, el derrumbe de la cotización en bolsa de los bancos y la paralización de las operaciones crediticias desde el pasado jueves ha motivado que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, convocara para este lunes una reunión con los magistrados que dictaron la sentencia.

Fuentes jurídicas indicaron que la cita tiene un carácter interno y pretende el análisis de la sentencia y de la posterior avocación a Pleno para su valoración. A esta reunión asisten el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes; el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, y los integrantes del tribunal que dictó la sentencia.

El Supremo decidió el pasado jueves que fuera la banca la que asumiera el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio expresado en febrero pasado, cuando sentenció que era el cliente el que debía pagarlo. La decisión ocasionó un auténtico terremoto que provocó la caída de la cotización en bolsa de las entidades bancarias y la paralización del análisis de los recursos pendientes sobre este mismo asunto. Al mismo tiempo el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, decidió la avocación a Pleno de la sentencia para unificar criterio jurisprudencial y dar seguridad jurídica ante la "enorme repercusión económica y social" del fallo.