El Ayuntamiento de Barcelona plantea "más derechos sociales" para combatir los riesgos de la digitalización

Para que la digitalización y la robotización no se traduzcan en una pérdida de empleo y condiciones laborales para los trabajadores, el ayuntamiento de Barcelona propone que sean los municipios quiénes blinden el bienestar de sus ciudadanos. "Necesitamos más y mejores derechos sociales y unas políticas de ocupación a la altura del gran cambio digital que se está produciendo", ha afirmado este jueves el primer teniente del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello.

Para guiar y abanderar el cambio tecnológico que ya se está produciendo, el ayuntamiento de la capital catalana, a través de su principal instrumento de ocupación, Barcelona Activa, ha presentado el "Llibre blanc de(ls) treball(s)". Este pretende ser una "caja de herramientas para organizar el mundo del trabajo del futuro", según ha definido el primer teniente de alcalde en la presentación.

El documento que, consciente de las limitaciones a nivel de competencias del mundo local, dibuja las líneas maestras la actual administración de Barcelona En Comú considera que deberían marcar las políticas municipales de la próxima década. El salario mínimo de ciudad es una de las que más ha enfatizado Pisarello, enfocándolo desde la perspectiva de los incentivos en la contratación pública. "Desde Barcelona Activa ya orientamos el mercado para que nadie cobre menos de mil euros al mes ni tenga contratos de menos de seis meses", ha afirmado.

Otra de esas líneas maestras que traza el libro remarca la importancia futura de la distinción entre trabajo y ocupación. El primero se entiende como una actividad remunerada y la segunda como una actividad que genera valor, pero no se rige por un contrato o una lógica necesariamente mercantil. Para cubrir la potencial brecha que prevén que se erija tras la extensión de las máquinas, el documento de Barcelona Activa propone introducir rentas de ciudadanía en cada municipio, compatibles con un trabajo. También recomienda centrar las políticas de protección social no tanto en el puesto de trabajo, sino en el trabajador, dadas la difusión de las carreras laborales intermitentes y cambiantes.

"Economía del siglo XXI, políticas del siglo XIX"

El economista, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y uno de los participantes en la redacción del Libro Blanco, Antón Costas, ha afirmado que "no hay ninguna ley que diga que el cambio tecnológico implique directamente retrocesos en términos de empleo o progreso social", aunque, "tampoco podemos esperar que automáticamente lo traiga", ha afirmado durante la presentación.

Para ello ha señalado a las empresas, para que estas asuman la responsabilidad de las consecuencias sociales y sobre el sistema democrático de sus acciones. También ha señalado al papel histórico del Gobierno central durante las crisis económicas: "En España tenemos una economía del siglo XXI y unas políticas macroeconómicas del siglo XIX", ha criticado el economista.