Multa de la CNMC a Indra, IBM y nueve empresas informáticas más por cártel en concursos de contratación pública

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel de once empresas prestadoras de servicios informáticos a la Administración Pública que se dedicaba a repartirse los clientes y a acordar precios y condiciones para encarecer los contratos que firmaban con la Administración. Entre los organismos afectados se encuentra la Agencia Tributaria, la gerencia informática de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Las sanciones se elevan en conjunto a 29,9 millones de euros, de los cuales a las instigadoras de la trama, Indra y SAG, les corresponden 13,5 y 6 millones de euros respectivamente, seguidas de Atos (5 millones), Connectis (1,8 millones), IBM (940.000), Everis (800.000), Babel (633.917),  Cibernos (616.038),  Gesein (320.969), Accenture (300.000) y Next (46.760).

Las empresas involucradas operaron durante quince años en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos.

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El expediente se abrió hace dos años, tras una investigación que partió de una información aportada por la Agencia Tributaria sobre las licitaciones de los servicios de desarrollo y mantenimiento de sus equipos.

Las conductas ilícitas, según la CNMC, afectan a los procedimientos de contratación que se realizaban a través de la creación de UTEs (Uniones temporales de Empresas) instrumentales, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras a cambio de que no participasen con ofertas alternativas en la licitación, la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos de concurso o procedimientos negociados, o la cesión de claves de patrimonio o inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos a cambio de otros favores.