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cuentas públicas

La Autoridad Fiscal culpa a Rajoy del incumplimiento del déficit

La banca provocará unos 2.700 millones de déficit este año, el 107% más que en el 2017

La subida de pensiones y sueldos y el rescate de autopistas también explican el desvío

P. Allendesalazar / Madrid

José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). / AGUSTÍN CATALÁN

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha responsabilizado este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy del más que previsible incumplimiento del objetivo de déficit de este año que el actual Ejecutivo comunicó hace unos días a la Comisión Europea (prevé cerrar en el 2,7%, frente al 2,2% fijado). La institución ya consideraba "dudoso" alcanzar el objetivo cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó su proyecto de presupuestos del Estado de este año, que el presidente Pedro Sánchez ha decidido mantener. Pero las medidas pactadas por los conservadores para sacar adelante sus cuentas y algunas incidencias imprevistas por el rescate a la banca y las autopistas han provocado que la probabilidad de cumplir el 2,2% se reduzca del 40% al 24%, según estimaciones del organismo presidido por José Luis Escrivá.

Fuentes de la Airef han explicado que la Administración Central del Estado y la Seguridad Social son las dos administraciones que van a provocar el desvío. Los presupuestos ya hacían improbable cumplir, pero las medidas pactadas por el anterior Gobierno para sacar adelante su proyecto en el Parlamento lo hacen aún más difícil. Se trata fundamentalmente de la subida de las pensiones (1.500 millones de euros) y el incremento de los salarios de los funcionarios (2.691 millones). Además, el rescate de las autopistas ha costado otros 2.000 millones, según algunas estimaciones. 

La banca, por su parte, ha provocado un incremento del déficit de unos 2.700 millones. Los esquemas de protección de activos (EPA) que el Estado concedió a BBVA y Sabadell para que se quedaran con Unnim y la CAM (y que obligan al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a cubrir pérdidas en estas entidades intervenidas) provocarán un incremento del gasto público este año de 1.700 millones, frente a los 800 millones del 2017. Además, el Santander ha anunciado que va a pedir la activación de 1.000 millones en activos fiscales diferidos (DTAs, derechos al menor pago del impuesto de sociedades) por las pérdidas del Popular, frente a los 500 millones del año pasado.

Riesgos

En total son unos 8.900 millones, que explican "fundamentalmente" la desviación del déficit desde el 2,2% fijado como objetivo al 2,7% que ahora se considera probable. Y siempre hay riesgos de incumplir esta última previsión. "Los presupuestos deben tener en cuenta los pasivos contingentes (eventualidades como el rescate a la banca y las autopistas). En responsabilidad patrimonial del Estado, creemos que hay poco más: el céntimo sanitario. Pero están los EPAs y los DTAs y no sabemos cuándo se van a materializar", advierten en la Airef. 

La autoridad fiscal estima que la desviación del Estado y la Seguridad Social no va a ser compensada por el mejor comportamiento del previsto de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Las primeras, calcula, podrían cerrar el año con un déficit del 0,3%, una décima por debajo del objetivo, mientras que las segundas lograrán mantener su superávit del 0,6%. 

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