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esclarecimiento de la crisis

El Congreso estudia denunciar al expresidente de Cajasol por mentir

Antonio Pulido afirmó en la cámara baja que no estaba imputado por la Audiencia Nacional

Faltar a la verdad en una comisión de investigación está penado con hasta un año de cárcel

Pablo Allendesalazar

Antonio Pulido (a la izquierda), expresidente de Cajasol y excopresidente de Banca Cívica, junto a Enrique Goñi, excopresidente de Banca Cívica, en la comisión de investigación de la crisis del Congreso.

Antonio Pulido (a la izquierda), expresidente de Cajasol y excopresidente de Banca Cívica, junto a Enrique Goñi, excopresidente de Banca Cívica, en la comisión de investigación de la crisis del Congreso. / FERNANDO ALVARADO

El Congreso de los Diputados estudia llevar a la Fiscalía a Antonio Pulido, expresidente de la sevillana Cajasol y excopresidente de Banca Cívica, por mentir el pasado 27 de febrero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis financiera de la Cámara baja, según han podido saber este diario. El exbanquero negó estar imputado por la Audiencia Nacional por la fusión de cajas que dio lugar a Banca Cívica y la salida a bolsa de esta entidad en el 2011. El artículo 502.3 del Código Penal establece que faltar a la verdad ante una de estas comisiones “será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

La comisión, presidida por Ana Oramas de Coalición Canaria, se dirigió a la Audiencia Nacional después de aquella afirmación de Pulido y el tribunal ya le ha comunicado informalmente que el todavía presidente de la Fundación Cajasol sí está imputado. Ahora está a la espera de que le haga llegar un certificado oficial confirmando la situación judicial del exejecutivo para tomar una decisión. Fuentes parlamentarias aseguran que la opción que tiene más enteros es que se informe del presunto delito a la Fiscalía para que abra una investigación.

No es solo que Pulido mintiera, sino que se mostró indignado cuando Alberto Montero, de Unidos Podemos, hizo una referencia a su imputación: "Ha hablado de una cosa que pido que rectifique porque no es cierta. Ha dicho que yo estoy imputado. Yo no estoy imputado en nada y, si no, le pido que me traiga esa imputación. Se lo exijo, no se lo pido. Otra cosa es que se lo hayan dicho, pero no es cierto. ¿Que ha habido procesos que están archivados? Sí, uno, pero en este momento no hay ninguno en el que esté con la calificación de imputado. Por lo tanto, le pido que rectifique porque no es cierto. Ni investigado, que es lo mismo. Eso afecta al honor. Si yo lo dijera de usted, usted me estaría pidiendo a mí en estos momentos que rectificara, y más en un sitio como el Parlamento donde reside la soberanía del pueblo. No lo estoy, ni investigado tampoco. Por tanto, le pido que rectifique".

Investigación en curso

El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional admitió en marzo del 2013 una denuncia de UPyD por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico financiera contra exaltos cargos de Banca Cívica y de las cuatro cajas que la formaron (Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, además de Cajasol).

Posteriormente la archivó dos veces, sobre todo por los informes de los peritos del Banco de España que avalaban la actuación de los demandados. Sin embargo, en septiembre del 2015 se vio obligado a reabrir el caso después de que la Fiscalía recurriese su cierre provisional por entender que todavía quedaban varias pruebas por realizar.

Su sustituta, la jueza Carmen Lamela, decidió el pasado julio ampliar en 18 meses la instrucción, hasta diciembre del 2018, ante la complejidad de la causa. En el auto que emitió entonces, seguía figurando como imputado Pulido, además de Enrique Goñi, expresidente de Banca Cívica (que también declaró ante la comisión), Miguel Sanz, expresidente de Navarra y Caja Navarra, y otros cinco exconsejeros.

Reiteración

El diputado Montero preguntó a Pulido por esta prórroga de la investigación y el exbanquero volvió a negar que estuviese imputado. “Se ha prorrogado por ser un caso complejo, pero no hay nadie imputado. Es como si yo le pongo a usted una denuncia... Ya digo que esa denuncia ha estado ya archivada en dos ocasiones. Le puedo mandar los datos para que le conste. Por eso le digo que no hay ningún tipo de imputación. Se lo he aclarado”, aseguró.

Ante esta reiteración, Montero aceptó retirar su afirmación sobre la imputación, pero le lanzó una advertencia: “Si en principio esos son los términos en los que se encuentra el proceso, bien. Pero creo recordar que hay un compromiso de decir la verdad en esta comisión y esperemos que sea cierto”. Oramas, por su parte, le recordó que Pulido había sido advertido por escrito de su obligación de decir la verdad al ser citado. La comprobación posterior que hizo la comisión ha apuntado hacia el falso testimonio.

Otras afirmaciones y silencios sospechosos

La comisión de investigación de la crisis también ha preguntado a la Junta de Andalucía sobre algunas normas autonómicas que citó Antonio Pulido para justificar la polémica situación de la Fundación Cajasol, que preside y que cuenta con un presupuesto de cerca de 20 millones de euros. Los diputados albergan sospechas de que también pudo mentir en ese campo, en cuyo caso podrían informar de ello a la Fiscalía.

Los parlamentarios cuestionaron al exbanquero sobre el hecho de que la fundación esté bajo la supervisión de la Junta en lugar del Banco de España y el Ministerio de Economía, al contrario que la mayoría de entidades herederas de las antiguas cajas. También sobre su sueldo de unos 200.000 euros. Pulido aseguró que ambos asuntos estaban aprobados por el Gobierno andaluz y citó varios acuerdos del mismo.

El exbanquero también negó haber abandonado el consejo de Caixabankentidad que absorbió Banca Cívica, “por retribuciones”. Sin embargo, el informe anual de gobierno corporativo de la entidad catalana del 2012 aseguraba precisamente que renunció por "la orden del ministerio de economía sobre las limitaciones retributivas de los consejeros y directivos de entidades de crédito que han recibido ayudas del FROB”.

El exbanquero tampoco quiso revelar qué indemnización cobró por dejar Criteria, participada de La Caixa a la que pasó tras dejar el banco. Según algunos medios, percibió cerca de 1,5 millones de euros, en torno a una anualidad y media de su sueldo en Cívica (unos 900.000 euros), entidad que tuvo que ser rescatada con 977 millones por el Estado que CaixaBank devolvió.