Estrasburgo admite la demanda de los pensionistas contra el Estado español

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Colectivo Ronda en representación de Domiciano Sandoval, activista y portavoz de la Marea Pensionista, contra la decisión de España de revalorizar las pensiones por debajo del incremento del coste de la vida y desvincular las revisiones del importe de las pensiones de la evolución del IPC mediante la aplicación del denominado índice de revalorización de las pensiones.

Según datos facilitados por la propia curia Europea, solo el 5% de las demandas elevadas frente al Tribunal de Estrasburgo denunciando vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (TEDH) son admitidas a trámite y terminan siendo resueltas por el tribunal. Este tribunal se pronunciará sobre la pérdida acumulada de poder adquisitivo que sufren los pensionistas de España desde el año 2012, cuando se tomó la decisión de actualizar el importe anual de las pensiones por debajo del incremento del coste de la vida. Una práctica que a criterio del Colectivo Ronda supone la vulneración del deber «de elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social» y no garantiza la exigida «suficiencia económica» a los pensionistas. Así lo demuestran, por ejemplo, unos datos hechos públicos por el sindicato UGT que señalan que los pensionistas españoles han perdido de media 670 euros al año en términos de capacidad adquisitiva en el período comprendido entre el año 2010 y 2017.

La demanda elevada por Colectivo Ronda frente al tribunal comunitario, invoca la vulneración por parte del Estado español tanto del convenio 102 de la OIT -firmado y ratificado por España- como, de forma más específica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea. Dicha normativa establece "de forma inequívoca" la obligación por parte de los estados de garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento del coste de la vida. En el caso de la Carta Social Europea -vinculante para los estados miembros de la UE- se determina la exigencia de «tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social» y, por tanto, a actuar de forma diametralmente opuesta a como lo están haciendo las últimas novedades legislativas introducidas por el Gobierno español en materia de pensiones y Seguridad Social.

Sin correspondencia con el IPC

El pasado 30 de noviembre de 2012 entró en en vigor el real decreto de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. Esta norma imponía, por primera vez, una revalorización de las pensiones de jubilación en un porcentaje inferior al del IPC y aprobaba, además, una aplicación retroactiva de la medida estableciendo para el año 2012 que estaba a punto de finalizar un incremento del 1% mientras el de ese año se situó a unas décimas del 3% El año siguiente, en el 2013, el Gobierno tradujo esta medida en norma mediante la aprobación de la ley reguladora de sostenibilidad y de revalorización de las pensiones que, definitivamente, ha transformado en normativa la desindexació de las pensiones sobre el IPC y deja sin efecto la obligación de actualizar las pensiones según el anual tal y como recogía la ley general de la Seguridad Social.

Las reformas legistaltivas introducidas por el Gobierno han provocado una contundente respuesta por parte de los jubilados. En los últimos meses, coindiendo con la presentación la demanda, marea pensionista ha llevado a cabo retieradas jornadas de protesta contras las medidas del Ejecutivo de Rajoy. La más contundentes de estas jornadas de protesta se produjo el pasado 17 de marzo, con manifestaciones en diferentes ciudades de España.