Marea Pensionista lleva al Estado a los tribunales europeos

El grupo de abogados Col·lectiu Ronda ha demandado al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en representación de Domiciano Sandoval, activista de Marea Pensionista, por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones españolas como consecuencia de la decisión del Gobierno del PP en los últimos años de revalorizar las pensiones por debajo del IPC. La demanda denuncia la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Estado español por la vulneración de deber "elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social" y no garantizar la exigida "suficiencia económica" a los pensionistas.

La política de pensiones llevada a cabo por el PP ha supuesto en el periodo comprendido entre el año 2010 y el 2017, que los pensionistas españoles hayan perdido una media de 670 euros al año en términos de capacidad adquisitiva, según un reciente estudio realizado por el sindicato UGT. 

La demanda presentada por este colectivo de pensionistas invoca la vulneración por parte del Estado del  tanto del convenio 102 de la OIT (firmado y ratificado por España) como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea. "En todos los casos la normativa establece de forma clara la obligación por parte del Estado de preservar el el poder adquisitivo de los pensionistas, frente a incrementos del coste de la vida", ha explicado Miquel Arena, abogad del Col·lectiu Ronda que lleva la demanda. 

Batalla legal

El recurso a los tribunales europeos es consecuencia de la batalla legal iniciada en España --"hemos llegado a presentar más de 10.000 demandas en los tribunales de lo social", ha explicado Sandoval, además de un recurso de inconstitucionalidad firmado por 146 parlamentarios-- que ha sido frenada por el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que la decisión del Gobierno de desindexar las pensiones del IPC se ajusta a la legalidad, lo que han aprovechado los juzgados de lo Social para parar las demandas, aunque se abre ahora un frente legal en Europa, como ya ha ocurrido con otras denuncias relacionadas con las prácticas de las entidades bancarias relacionadas con determinados productos financieros, como hipotecas.

Los abogados apuntan que entre los argumentos que justifican acudir a los tribunales europeos es que la Cartal Social Europea determina la exigencia a los estados miembros dela UE de "tender progresivamente a elevar el nivel de prestación de la Seguridad Social". Una política que "resulta incompatible", con la decisión del Gobierno español de desindexar la revalorización de las pensiones del IPC.

El colectivo de pensionistas prepara para el 22 de febrero concentraciones en toda España para denunciar la pérdida la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. En estos momentos más de 670 localidades han confirmado la celebración de estas concentraciones, que en el caso de Barcelona se realizará en plaza Catalunya.