Los expertos proponen encarecer el gasóleo el 28% para bajar la electricidad el 7%

Una revolución fiscal para luchar contra el cambio climático. Esta es la principal recomendación del comité de expertos al que el Gobierno encargó el pasado julio que analizase los diferentes escenarios para cumplir los compromisos medioambientales europeos y globales de España. Su principal apuesta es ir hacia un sistema impositivo que fomente el uso de la electricidad frente a los derivados del petróleo y en el que se pague más cuanto más se contamine. Ello supondría un encarecimiento del gasóleo del 28,6%, de la gasolina del 1,8% y del gas natural del 5,8%, mientras que la electricidad se abarataría el 6,8%. 

Los expertos defienden sacar 10.800 millones de euros de los costes que se pagan con la tarifa eléctricas (3.000 millones de deuda, 7.000 millones de primas a las renovables y 800 millones de financiación de los sistemas eléctricos de las islas) para pasar a pagarlos con los presupuestos del Estado. Para compensarlo, abogan por subidas fiscales que tendrían los efectos mencionados sobre los precios, incluyendo un alza del IVA de entre 1,1 y 1,3 puntos. Habría que hacerlo compatible, señalan, con evitar deslocalizaciones de empresas industriales, efectos negativos en agricultores y transportistas, y variaciones en la presión y la recaudación fiscal.

Fuentes del Ministerio de Energía han defendido este lunes que "parece lógico avanzar gradualmente" hacia ese tipo de imposición medioambiental, pero han negado que las propuestas de los expertos se vayan a aprobar en breve. Las medidas, han sostenido, son "un punto de partida interesante para el debate político", pero también "muy agresivas". Si son "viables y deseables", han recordado, le corresponde determinarlo al Gobierno y el Parlamento, que deben valorar otros aspectos como su impacto económico o en la financiación autonómica.

Bono social general

El comité -nombrado por el Ejecutivo, los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal- también ha recomendado extender el bono social eléctrico para consumidores vulnerables al conjunto de los suministros energéticos de los hogares, pero financiándolo con los presupuestos del Estado y no, como hasta ahora, con las empresas. También pide evitar el corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas.

Asimismo, destaca que los consumidores están subvencionando con la tarifa implícitamente a los autoconsumidores (hogares con placas solares, básicamente), ya que estos no pagan por conectarse a la red eléctrica pese a que se benefician de ella (vuelcan su energía sobrante y reciben cuando su producción no es suficiente). Por ello, proponen que este coste lo asuman también los presupuestos o, hasta que ello suceda, se aplique un cargo transitorio al autoconsumo.

Apuesta nuclear

El informe también destaca que alargar la vida útil de las nucleares de los 40 años que muchas están a punto de cumplir a 50 años evitaría que la empresa pública Enresa se viese sin fondos para desmantelar las centrales y gestionar los residuos, que las emisiones de CO2 se duplicasen, y que la luz subiese un 20% (entre 2.000 y 3.200 millones anuales). Con su cierre a los 40 años la cuota de las renovables en la producción eléctrica solo subiría del 29,7% al 30,6%. Las fuentes de Energía han admitido que el alargamiento de la vida es la opción que les "gustaría" aplicar.

Los expertos prevén que la aportación de las renovables suba mucho en los próximos años, pero ven difícil que su peso en el mix energético supere el 30% a medio plazo. El gas natural jugará a su juicio un papel importante hasta el 2030, pero para el 2050 la generación eléctrica dependerá de las instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. El carbón desaparecerá de la producción si se confirma que, como esperan, el coste de emitir CO2 se dispare en los próximos años.

El comité sostiene que España va bien encaminada para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones y de eficiencia energética, pero no tanto de incremento de la producción renovable. "Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía", ha sostenido su presidente, Jorge Sanz, en una nota.