Administración y empresas volvieron a incumplir los plazos de pago en el 2017

Sector público y empresas privadas volvieron a incumplir en el 2017 los plazos de pago que marca la ley sin que por ello se exigieran en la mayoría de los casos ni intereses de demora ni indemnizaciones por el retraso. En el 2017 el plazo medio de pago se redujo en el sector público en seis días, pasando de 71 a 65, mientras que en el sector privado se mantuvo en 77 días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.

Los datos proceden del Informe Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2017, publicado este lunes por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que preside Antoni Cañete, y ponen de manifiesto que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,4%, lo que significó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.

Miedo a perder el cliente

Según los datos del citado informe, el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004 para el sector privado. Sin embargo, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La Plataforma Multisectorial insiste en la necesidad de un régimen sancionador a cuyo desarrollo se han comprometido de forma repetida responsables del Gobierno y de los grupos parlamentarios sin ningún éxito hasta ahora. En la actualidad se tramita en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, del grupo de Ciudadanos, cuya aprobación está prevista para el primer trimestre del año, que incluye un régimen sancionador contra el incumplimiento de los plazos legales de pago. “Estaremos pendientes desde la PMcM por lo que conllevará de cambio positivo en el panorama empresarial”, afirmó Cañete este lunes.

Administraciones públicas

Según la estadística del Ministerio de Hacienda, el plazo medio de pago en la administración central rebasó en 13,90 días el plazo legal de 30 días, hasta los 43,90 días. En las autonomías el plazo medio rebasó en 11,50 días el plazo legal (hasta los 41,50 días) y en la administración local el exceso fue de 44 días (hasta los 74 días). En la Seguridad Social, el plazo medio de pago quedó 1,5 días por debajo de límite legal de los 30 días (28,5 días).

Entre las autonomías destacan País Vasco, Navarra y Andalucía como las mejores pagadoras (con plazos por debajo de los 30 días que marca la ley). En el extremo opuesto se sitúan Murcia (59,5 días) y Valencia (57,5 días). En Catalunya, el plazo medio de pago en el 2017 rebasó en 18 días el máximo legal, hasta los 48 días.