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Blanqueo de capitales

Los notarios crean un registro contra la corrupción de políticos y testaferros

Una nueva base pone a disposición de jueces y fiscales los datos 25.185 cargos públicos y "allegados"

El Notariado constata el creciente uso de bitcoins en la constitución de sociedades en España

Rosa María Sánchez

El presidente de la Unión Internacional del Notariado,  José Marqueño, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez y el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, Pedro Galindo, durante la presentanción de la base de datos de cargos públicos.

El presidente de la Unión Internacional del Notariado,  José Marqueño, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez y el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, Pedro Galindo, durante la presentanción de la base de datos de cargos públicos. / JAVIER LIA O / EFE

El Consejo General del Notariado ha puesto en marcha una nueva base de datos para la persecución de prácticas de corrupción y de blanqueo de capitales por parte de cargos públicos. La nueva base de datos incluye información detallada de un total de 25.185 personas físicas de las que 16.641 son cargos públicos, desde la Jefatura del Estado hasta concejales de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y directivos de todo tipo de sociedades públicas.

El resto hasta completar la cifra de 25.185, son “allegados” a estas personas, un concepto que abarca a “todo aquel que tiene una relación empresarial con una persona de responsabilidad pública o que comparte con ella la capacidad de controlar una persona jurídica, ya sea una sociedad, una asociación o una fundación”. Dentro del colectivo se pretende abarcar a todo tipo de posibles testaferros de cargos públicos, ya sean abogados, socios, familiares o titulares de poderes notariales. Así lo ha explicado este martes el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el presidente de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño.

Los notarios también se han referido a las medidas adoptadas por el colectivo para prevenir posibles prácticas de blanqueo de capitales a partir del uso de bitcoins o cualquier otro tipo de criptomonedas. Los notarios disponen desde febrero del 2016 de alertas para informar sobre este tipo de operaciones que, sobre todo, se concretan en la la constitución de sociedades o en ampliaciones de capital. Galindo, sin embargo, ha admitido la dificultad de perseguir la opacidad en la utilización de este medio de pago por la frecuente utilización de servidores en países de elevada opacidad.

A disposición de jueces y fiscales

Martínez Sanchiz se ha referido a la nueva base de datos de cargos públicos como “un instrumento utilísimo para luchar contra todos los delitos de corrupción, para evitar o paliar casos de malversación de caudales públicos o de prevaricación”.

La información procesada de esta base de datos puede ser utilizada por jueces y fiscales, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el Sepblac, que es organismo público dependiente del Ministerio de Economía para la prevención del blanqueo de capitales.

“La principal novedad de esta base de datos que es permite identificar los testaferros”, ha explicado Galindo. Según el representante del órgano de los notarios que coordina la lucha contra el blanqueo de capitales, con una base de información de este tipo habría sido más fácil “haber concretado antes responsabilidades” en casos de corrupción como en los que están implicados Iñaki Urdangarín o Rodrigo Rato, por ejemplo.

Tres bases de datos

La nueva base de datos constituye “un jalón más en el compromiso de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo”, según Martínez Sanchiz.

En el 2002 ya se puso en marcha el Índice Único Informatizado, que es la segunda mayor base de datos de España después de la de la Agencia Tributaria, con más de 115 millones de documentos públicos notariales grabados.

En el 2012 se estrenó la base de datos de titularidad real, en la que ya están documentadas casi 2,4 millones de personas jurídicas, ya sean sociedades de responsabilidad limitada o anónimas, fundaciones, partidos politicos, cooperativas, oenegés o entidades religiosas.

A partir de ahora entra en funcionamiento la base de datos de cargos públicos.

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