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Bruselas vigila pero de momento no regula la economía colaborativa

La Comisión Europea lanza diversas consultas para establecer buenas prácticas sobre alquileres turísticos, protección de los trabajadores autonómos y responsabilidad de las plataformas

Silvia Martinez

Un usuario solicita los servicios de Uber. 

Un usuario solicita los servicios de Uber.  / AGUSTÍN CATALAN

La economía colaborativa ha abierto nuevas oportunidades de negocio en todo el mundo, incluida la Unión Europea, pero también ha generado una enorme controversia y es el origen de múltiples quejas y enfrentamientos que ya están en manos de los tribunales, como es el caso que enfrenta a la asociación de taxistas de Barcelona contra Uber y cuya sentencia se espera antes de finales de año.

El 17% de los consumidores europeos han utilizado en alguna ocasión la llamada economía colaborativa y el 52% conocen la existencia de servicios de alojamiento como Airbnb o de transporte como UberCabify Blablacar. Pero la situación legal de este tipo de negocios en Europa sigue siendo muy diversa. Los enfrentamientos entre empresas y gobiernos en los últimos tiempos se han multiplicado y la Comisión Europea ha puesto en marcha diversas consultas para aclarar el escenario de juego.

Hace año y medio ya presentó una serie de directrices sobre los derechos y las obligaciones en este tipo de servicios, para identificar posibles obstáculos en materia fiscal, garantizar la protección del consumidor y aclarar el estatus de los colaboradores/trabajadores por medio de niveles de actividad. El Ejecutivo comunitario se resiste a regular un sector del que dice "ha llegado para quedarse y para crecer". Considera que la regulación debe ser "el último recurso" pero es consciente de que hay que terminar con las zonas grises y de ahí la estrecha vigilancia que mantiene sobre los cambios legislativos que se están produciendo en toda la UE.

En este ejercicio de control, por ejemplo, se enmarcan las diversas consultas que han puesto en marcha. En el ámbito de los alquileres turísticos, Bruselas sigue intercambiando buenas prácticas con los Estados miembros y los actores del sector para fijar unos principios rectores que las autoridades públicas deberían considerar a la hora de diseñar sus políticas. Además, la Comisión tiene previsto ofrecer orientaciones sobre las normas de responsabilidad de las plataformas y ha lanzado otras dos consultas públicas sobre la protección social de los trabajadores autónomos.

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