Bruselas diseña nuevas directrices para impulsar la economía colaborativa

La denominada economía colaborativa, servicios compartidos al estilo de Uber, Blablacar Blablacaro Airbnb que tanta polémica han suscitado en algunos Estados miembros, debe ser vista como una oportunidad más que una amenaza para los negocios tradicionales. Es el punto de partida con el que trabaja la Comisión Europea que este jueves 2 de junio presenta un paquete de directrices para aclarar los derechos y obligaciones de estos negocios y dar orientaciones a los gobiernos de la UE.

El objetivo, señalan fuentes del Ejecutivo comunitario, es crear “un marco que permita a nuevas empresas emerger” y “dar claridad sobre cómo aplicar la legislación existente” con vistas a reducir la fragmentación en Europa y lograr una cierta harmonización. Y es que, mientras Reino Unido, por ejemplo, se ha mostrado receptivo ante este fenómeno, hay otros países que se han posicionado en contra. Es el caso de Francia, enfrentado a Uber o Alemania con multas a quienes ofrecen sus casas en subalquiler. 

Aún así la sensación general es que es una oportunidad para relanzar el empleo en Europa y de que el sector está en auge pocos tienen dudas. Según las estimaciones que maneja la Comisión Europea, las compañías de este segmento vieron duplicarse sus ingresos entre 2014 y 2015 y el potencial económico que tienen por delante es importante. Aún así, hay muchos problemas que impiden su desarrollo y muchas cuestiones legales que convendría aclarar respecto a distintas normativas como la directiva de servicios o la del comercio electrónico.

La frontera entre empresa y cliente se ha difuminado en los últimos años y los enfrentamientos entre algunos países y empresas de economía colaborativa han convencido al Ejecutivo comunitario de que ha llegado la hora de identificar posibles obstáculos en materia de impuestos a abonar, restricciones en el acceso al mercado, la protección que ofrecen al consumidor y el estatus de sus empleados o colaboradores.

La situación legal es muy diversa en Europa y hay una enorme fragmentación, tanto a nivel estatal como regional, que se traduce, según el último Eurobarómetro, en preocupación por falta de seguridad jurídica. Y prueba de ello son las quejas que tiene la Comisión Europea sobre la mesa. Cuatro de las denuncias se refiere a Uber –dos contra la ley de Francia, una contra Alemania y otra contra España- y otras dos contra la legislación de Berlín y de Cataluña que restringe el subalquiler.

Las directrices, señalan desde el Ejecutivo, no darán “carta blanca” pero sí incluirán un repertorio de “buenas prácticas” y recomendaciones para distinguir entre lo que son empresas y ciudadanos que prestan servicios ocasionales para ganarse un dinero extra. Se trata, sostienen, de encontrar “un enfoque equilibrado” que permita impulsar nuevas empresas emergentes sin dañar a los negocios tradicionales.