La excúpula de la CAM defiende la veracidad de las cuentas previas a la quiebra

Los tres exresponsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que declararon este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga coincidieron en defender la veracidad de las últimas cuentas que elaboraron antes de la quiebra de la entidad, las de 2010 y las intermedias de 2011, aunque cada uno optó por una estrategia de defensa. El expresidente de la entidad Modesto Crespo se centró en su labor representativa, mientras que los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós apelaron, respectivamente, a KPMG y al propio Banco de España.

Crespo negó cualquier responsabilidad en su elaboración, al carecer de los conocimientos contables necesarios, y sostuvo que "hasta 15 días antes" de la intervención por parte del Banco de España las noticias sobre la caja "eran siempre positivas". López Abad se aferró a que las cuentas de 2010 las auditó KPMG, como había hecho en los 19 años anteriores, y se admitieron "sin salvedad". Amorós fue la más crítica con el organismo supervisor y sostuvo que se les aplicaron criterios que no se convirtieron en ley hasta 2012 o 2013.

López Abad y Amorós se enfrentan a una petición fiscal de siete años y medio de prisión y multa de 180.000 euros por un delito societario de falsedad de las cuentas en concurso con estafa o, en su defecto, apropiación indebida agravada en concurso con administración desleal. La acusación que ejerce el Fondo de Garantía de Depósitos sí acusa a Crespo y pide para él y para Amorós nueve años de cárcel, así como tres para López Abad. La acusación que ejercen los titulares de cuotas participativas solicita 16 años de cárcel para cada uno.

CUENTAS POR UNANIMIDAD

Crespo, que recordó que las cuentas de la CAM se aprobaban por unanimidad, inauguró el turno de los acusados. Le siguió López Abad, que sostuvo que la entidad "no era la primera de la clase", pero tampoco "lo peor de lo peor" como dijo el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

En cuanto al correo electrónico que envió a Amorós y el entonces director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García en el que indicaba que "hay que sacar 300 millones de euros" antes de fin de 2010, el acusado sostuvo que se había descontextualizado y que lo único que pretendía era cubrir con fondos genéricos las pérdidas que sufrió la CAM con la aplicación de la circular 3/2010 del Banco de España (que exigía inmovilizar grandes cantidades como garantía ante el riesgo de los créditos).

Amorós sostuvo que los problemas comenzaron cuando el 23 de marzo de 2011 el Banco de España publicó que el único Sistema Institucional de Protección (SIP) que se podía romper era de la CAM con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria. La exdirectora general argumentó que la ruptura se produjo por el incremento de los rendimientos de capital que se exigía a cada entidad, no por la mala situación de la CAM.