29 mar 2020

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POLÍTICA ECONÓMICA DE CRISIS

Grecia aplica el decimotercer recorte de pensiones en siete años

La medida supone rebajar hasta el 40% las prestaciones de los jubilados con las rentas máximas

Alexis Tsipras, durante una sesión parlamentaria antes de votarse el presupuesto griego, en Atenas, el 10 de diciembre.

Alexis Tsipras, durante una sesión parlamentaria antes de votarse el presupuesto griego, en Atenas, el 10 de diciembre. / REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS

Grecia ha puesto a partir de este lunes en marcha el nuevo sistema de cálculo de pensiones que conlleva una reducción de hasta un 30% de los ingresos de los nuevos jubilados y constituye el decimotercer recorte en siete años, desde que se aprobó, en mayo del 2010, el primer plan de rescate a Grecia. El nuevo sistema de cálculo forma parte de la reforma de pensiones que aprobó el Parlamento en mayo del 2016 en el marco del tercer plan de rescate financiero del país.

A partir de ahora, la pensión mínima bajará de los 486 euros a los 384 euros y además se eleva de 15 a 20 años el mínimo de años cotizados. Además de elevar el periodo de cotización mínimo, se han eliminado una serie de posibilidades para acceder a la jubilación anticipada, a la de viudedad y a la de discapacitados.

El Gobierno de Alexis Tsipras y los acreedores de Grecia están además negociando nuevos recortes que entrarán en vigor una vez expirado el actual rescate, mediante los que se espera ahorrar en torno al 1% del producto interior bruto (PIB). Se espera que los recortes afectarán en torno a la mitad de los 2,2 millones de los griegos que se jubilaron con anterioridad a la reforma del 2016.

Según las estimaciones de los especialistas, los recortes serán de entre el 7% para los jubilados que tenían salarios bajos y 40% para profesores de universidad, funcionarios y médicos de hospitales públicos.

El Gobierno aspira a que los nuevos recortes no entren en vigor antes del 2020, pero los acreedores del país exigen, según filtraciones gubernamentales, que se apliquen a partir del 2019, un asunto que está retrasando el cierre de la segunda evaluación del programa asociado al rescate.