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PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para las cláusulas suelo

Los bancos tendrán que informar a los afectados del procedimiento y hacerles una oferta

El proceso extrajudicial durará un máximo de tres meses y no impide ir a los tribunales

Protesta en Barcelona por las cláusulas suelo. / RICARD CUGAT / EUROPA PRESS VÍDEO

El Gobierno y el PSOE han alcanzado por fin un acuerdo para la resolución del conflicto de las cláusulas suelo, pacto que también apoya Ciudadanos, según han confirmado fuentes del Ejecutivo y han anunciado los portavoces socialistas y del partido naranja. El próximo viernes se aprobará en el Consejo de Ministros el real decreto ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y posteriormente seguirá su trámite parlamentario gracias a la abstención de los socialistas y al apoyo de PP y Ciudadanos.

Tras semanas de desencuentros y retrasos, el Ejecutivo y los socialistas se han puesto de acuerdo en obligar a los bancos a establecer un mecanismo extrajudicial interno que será voluntario y gratuito para los consumidores. Las entidades financieras tendrán la obligación de dar a conocer a todos sus clientes afectados la existencia de dicho procedimiento, al que podrán sumarse en cualquier sucursal de la entidad, para que sean ellos los que decidan si acuden al mismo o no. 

Las entidades estarán obligadas a hacerle una oferta de devolución de las cantidad cobradas indebidamente por las cláusulas suelo, más los intereses de demora recogidos de forma expresa y desglosada. La negociación de las partes no podrá durar más de tres meses y, en caso de que no haya acuerdo, ambas podrán acudir a los tribunales, que según algunas fuentes pueden tardar entre 1,5 y tres años en resolver cada caso. Si un afectado ya ha ido a la justicia y le interesa la nueva vía extrajudicial, se ha previsto que quede suspendida de forma provisional la tramitación en los juzgados.

INCENTIVOS AL ACUERDO

Los partidos, en cualquier caso, han incluido dos incentivos para que bancos y afectados pacten y no colapsen los juzgados. Por una parte, el hecho de que el procedimiento sea gratuito para los clientes, que no tendrán así que hacer frente a gastos para acudir a la justicia. Pero aún más importante, el tema de las costas judiciales. El pacto penaliza a las entidades que hagan la oferta obligatoria de devolución pero informen a su cliente de que a su juicio su cláusula suelo es legal y no quieren llegar a un acuerdo, o hagan una oferta muy baja.

Si el cliente rechaza la oferta, va a los tribunales y el juez obliga al banco a devolverle una cantidad mayor a la que este había propuesto, la entidad tendrá también que pagar las costas. En cambio, si el cliente rechaza la oferta y el magistrado obliga a la entidad a pagarle una cantidad inferior a la que había ofertado al afectado, el banco no tendrá que pagar las costas. Se trata de un tema clave: el Banco de España ha calculado que devolver todo lo cobrado de más costará al sector hasta 4.000 millones de euros, y algunas fuentes calculan que el montante total de las costas judiciales podría ser de una cantidad similar.

FISCALIDAD ACLARADA

El real decreto permitirá también a las partes buscar una fórmula que no pase por la devolución del dinero sino mediante otros mecanismos, como la amortización de parte del capital de la hipoteca. Eso sí, esas fórmulas alternativas tendrán "carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento aparte, con las debidas garantías de transparencia e información, entre las que se incluye un plazo mínimo para poder valorar el acuerdo que se le ofrezca", que se ha fijado en 15 días. Los partidos han tratado con ello de que no se produzcan nuevos abusos por parte de los bancos en forma de engaños o presiones a sus clientes.

Otro punto importante es la fiscalidad, que no estaba nada clara. Los afectados no tendrán que declarar en el IRPF el dinero pagado de más que recuperen porque se entiende que no hay un enriquecimiento. Sin embargo, sí tendrán que hacer una declaración complementaria por el dinero que se hayan desgravado de más por la deducción de vivienda durante los años en que se aplicó la cláusula suelo. Eso sí, no se aplicarán ni recargos ni sanciones y este efecto fiscal quedará limitado a los ejercicios no prescritos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

La duda ahora es si los bancos van a poner los medios necesarios para informar y negociar con sus clientes en el plazo establecido. Para velar por lo primero, se va a crear una comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones, que "podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial". Su composición ha quedado para el desarrollo de la ley, pero el PSOE ha propuesto ya que asociaciones de consumidores y el Consejo General de la Abogacía formen parte de la mismo.

El conflicto surgió después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinase la retroactividad de devolución de las cláusulas suelo ilegales desde la firma del contrato y no desde el 2013, como había establecido una sentencia anterior del Tribunal Supremo. El dictamen europeo obliga a devolver lo cobrado de más además de los intereses, que pueden alcanzar hasta el 4% en la mayor parte de los casos, según algunas fuentes.

La falta de mayoría del Ejecutivo en el Congreso le ha obligado a buscar el consenso con otros partidos. Sus dos primeras propuestas, un código de buenas prácticas voluntario y un protocolo de actuación, fueron rechazadas por el PSOE porque entendía que favorecían en exceso a la banca. El PSOE y el PP, así, han disentido durante semanas sobre la manera de resolver este conflicto que afecta a más de 1,5 millones de consumidores en España. Los socialistas han insistido en que todo momento en que un mecanismo extrajudicial que fuera obligatorio, como finalmente ha sido. Como ya ha sucedido en otras ocasiones en esta legislatura, el Gobierno ha dejado al primer partido de la oposición que se apuntase la medalla de ser el primero en anunciar el pacto.