El Estado no ve alternativa a hacerse cargo de las autopistas quebradas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado este lunes por hecho que las autopistas de peaje en situación de quiebra "revertirán al Estado", y que tendrá que decidir "qué tipo de gestión les da". De la Serna ha reiterado que el objetivo primordial de su departamento es garantizar que los usuarios puedan utilizar estas vías "permanentemente".

De esta forma, ratifica el mensaje lanzado nada más ocupar el cargo, cuando afirmó que el Estado no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años, de forma que "se quedará con ellas" para "en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas". De la Serna, además, avanzó que había iniciado contactos con los bancos acreedores del grupo de ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra con el fin de retomar la negociación del plan de rescate de estas vías que el ministerio planteó en marzo del 2014 y que entonces no prosperó. "El plan pasa por reestructurar con una quita la deuda de 3.400 millones de euros que soportan estas vías para integrarlas en la sociedad pública estatal Seittsa", dijo entonces, aunque quedaban pocas posibilidades de que prosperara la negociación.

DIFÍCIL ACUERDO

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En una entrevista realizada en TVE este lunes, el ministro, ha insistido en que Fomento intentará llegar a un acuerdo con las entidades financieras "que facilite las cosas", una opción que considera "muy difícil", entre otros motivos porque algunas de ellas "ya han soltado sus participaciones". El titular de Fomento ha recordado que las conocidas como autopistas radiales están "en un proceso enormemente comprometido", algunas de ellas en concurso de acreedores e incluso "en fase de liquidación". Por ello, ha dicho, "el escenario que se nos plantea es llegar a una reversión de estas autopistas al Estado".

La nacionalización de las autopistas es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra. Las autopistas quebradas o en riesgo de liquidación son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).