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INVESTIGACIÓN

La Guardia Civil entra en la sede del Santander por el 'caso HSBC'

Los agentes buscan información relacionada con cuentas que aparecen en la 'lista Falciani'

MARGARITA BATALLAS / MADRID

Oficina del Banco Santander en una localidad andaluza.

Oficina del Banco Santander en una localidad andaluza. / REUTERS / JON NAZCA

El juez José de la Mata mandó este viernes a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander para recabar información sobre "determinadas cuentas bancarias" relacionadas con la 'lista Falciani' en una investigación abierta contra el banco HSBC por blanqueo de capitales y ejercicio ilegal de su actividad en España. El banco, que preside Ana Patricia Botín, informó de que estaba facilitando "todos los datos disponibles del movimiento de cuentas entre entidades". El togado ha declarado secreta esta investigación. Alrededor de siete horas han permanecido los agentes en la Ciudad Financiera, en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, y dejaron las instalaciones con abundante documentación en soporte digital.

Los agentes llegaron a la sede central del banco en torno a las 10 de la mañana con un requerimiento de información firmado por el magistrado que, incluso, autorizaba a los miembros del Instituto Armado a registrar la entidad si no se atendía su petición. En estas oficinas se encuentran los despachos de la presidenta de la entidad y diversas divisiones.

El banco emitió un escueto comunicado en el que confirmó esta operación y aseguró que "está prestando y prestará en todo momento toda la colaboración requerida por las autoridades".

Fuentes jurídicas han indicado que esta investigación es independiente de otra abierta en el mismo juzgado contra las personas que aparecen en 'la lista Falciani', el informático del HSBC que robó datos de 130.000 clientes de esta entidad tras trabajar en la misma entre el 2006 y el 2008.

En esta relación figuran 2.694 españole , según la información revelada por el Confidencial en febrero del 2015. En esta información se facilitaba la identidad de empresarios, banqueros, políticos y médicos. Entre ellos se encontraba el fallecido Emilio Botín que regularizó a la Hacienda Pública 200 millones de euros.

CUANTÍA INSUFICIENTE

Precisamente, este viernes el juez ha mandado a los juzgados de 12 comunidades autónomas 40 causas abiertas contra personas o grupos de personas que aparecen en esta relación tras constatar que las cantidades ocultadas al erario público no alcanzan "la cuantía suficiente" para ser investigada en la Audiencia Nacional que solo se encarga de cantidades que causen un perjuicio a la economía nacional.

Estas piezas se abrieron en junio del 2013 después de una denuncia presentada por la fiscalía anticorrupción tras analizar la documentación y los soportes informáticos facilitados por Hervé Falciani. La investigación se inició por los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por ser los titulares de estas cuentas en el HSBC residentes en territorio nacional.

Sin embargo, ahora estas 40 piezas irán a los juzgados donde estas personas o los grupos familiares tienen fijado su domicilio fiscal. El juez ha tomado esta decisión tras constatar que no existe "conexión" entre ellas, más allá de que eran "inversores depositarios de fondos" en el HSBC. Además, el togado ha limitado la investigación a delito fiscal cometido presuntamente en junio del 2008.

Las piezas, sobre las que ya no pesa el secreto sumarial, llegarán a todas las comunidades autónomas excepto Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y la Rioja.

LOS ORÍGENES

La Agencia Tributaria recibió los datos sustraídos por Falciani en el 2010 que le fueron enviados por Francia. Y en junio de ese año mandó una carta a los afectados en la que les instaba a regularizar sus deudas con el erario público. De este modo recaudó 260 millones de euros.

El HSBC está en el punto de mira de varios países. Este banco, la tercer entidad mundial, ha pagado la mayor multa económica impuesta por los Estados Unidos. En el 2012abonó 1.460 millones de euros de sanción por haber permitido que narcotraficantes mexicanos trasladasen fondos a Estados Unidos por un importe de 881 millones de dólares. Esta entidad también está bajo sospecha en Bélgica.

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