FUNCIONARIOS DE LA GENERALITAT

Paga extra con trampa

Los sindicatos denuncian que el Govern calcula la devolución con una rebaja anterior

Ante el Palau 8 Concentración en la plaza de Sant Jaume.

Ante el Palau 8 Concentración en la plaza de Sant Jaume. / CARLOS MONTAÑÉS

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ANTONI FUENTES
BARCELONA

El Govern en funciones sigue enrocado en su posición de rechazar la devolución de las pagas extras de los funcionarios que suprimió. Pero con una diferencia. En la reunión de la mesa de la función pública de la Generalitat celebrada ayer se sacó de la chistera lo que los sindicatos calificaron de «oferta trampa» para empezar a devolver la primera paga, con el abono del 26% de su importe, que a la hora de la verdad supone que los afectados no cobrarían casi nada.

El departamento de Governació mantiene que hay que tener en cuenta en qué situación se encontraban los 230.000 empleados de la Generalitat y sus empresas y organismos públicos en el 2012, el primero de los tres años en que se suprimió una paga extra. En el momento en que el Gobierno central y el resto de administraciones recortaron la paga, el salario de los funcionarios ya se había rebajado el 5%. Si se tiene en cuenta que una paga equivale a alrededor del 7% de la retribución anual, el cálculo de la cantidad pendiente de devolución quedaría drásticamente reducido, según denuncian los sindicatos.

«La Generalitat insulta a nuestra inteligencia con esta propuesta. Muchos funcionarios no llegarían a cobrar nada si se aplicara», afirma Xesús González, coordinador de CCOO en la administración autonómica. Para los sindicatos, la rebaja del 5% fue temporal y no se debe tener en cuenta para la extra.

De los más de 400 millones que supone para la Generalitat el abono de una paga extra para su plantilla, la propuesta del departamento que dirige Meritxell Borràs equivaldría al abono de unos 50 millones de euros aunque de forma desigual, de tal manera que muchos empleados no verían ni un céntimo, según los cálculos de las centrales sindicales.

Retorno de dos festivos

Tal como recordó esta semana Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat, «la devolución de la paga extra es una cuestión de voluntad política», y más teniendo en cuenta que Catalunya se ha quedado sola después de que el Ejecutivo central y el resto de autonomías ya hayan pagado o pactado el retorno de la paga suprimida en el 2012. Los empleados catalanes sufrieron el recorte durante tres años en lugar de uno como en el resto de España. Las tres pagas suprimidas suman cerca de 1.400 millones adeudados.

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Para acabar de soliviantar a los sindicatos, el Govern solo ofrece devolver a sus trabajadores dos de los seis días suprimidos de asuntos propios (que pueden llegar a ocho para los que tienen más antigüedad).

El Govern se escuda en que sigue en funciones y en la falta de financiación por parte del Gobierno de Madrid para hacer frente a la devolución en un momento que sigue siendo de asfixia.