Mas-Colell dice que anular el concurso de ATLL costaría 326 millones

El 'conseller' de Economia, Andreu Mas-Colell, ha estimado que anular el concurso de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor privatización acometida por la Generalitat, costaría a la tesorería pública 326 millones. "A fecha de hoy, no hay motivos para presumir que esto sucederá", a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)TSJC que invalidó el concurso y que el Ejecutivo catalán ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

La cantidad en concepto de compensación incorporaría la cantidad percibida a la firma del contrato en diciembre del 2012, otros cuatro o cinco millones por las obras ya acometidas por los concesionarios, encabezados por Acciona; y "posiblemente los intereses legales meritados". En todo caso, según el 'conseller', este hecho abriría un nuevo proceso de impugnaciones judiciales porque supondría tener que devolver cánones por un negocio que funciona y que ha generado unos retornos. Mas-Colell ha mostrado el convencimiento del Govern de que "toda acabará bien" y ha insistido en que la prestación del servicio continúa mientras que el fallo no sea firme.

Ante la comisión de Economía del Parlament, Mas-Colell ha dado a conocer los principios en los que se basa el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. En el ámbio procesal, el recurso considera que la sentencia se excede al determinar algo, la anulación del conjunto del concurso sin que ninguna de las partes se lo pidiera. Toda la oposoición ha criticado la operación.

RECURSO DE CASACIÓN

El 'conseller' ha recordado que la Generalitat se limitaba a pedir la anulación de la resolución de su organismo, el OARCC, que obligaba a apartar a Acciona de la gestión de ATLL, a petición del perdedor del concurso, Aigües de Barcelona (Agbar). El fallo del TSJC anula todo el procedimiento y la Administración catalana no ha podido presentar alegaciones sobre esa cuestión, ha explicado.

El fallo tampoco ordena ceder la gestión de forma automática a Agbar, como esta solicitaba. Ante las críticas de toda la oposición, Mas-Colell ha recordado que el conflicot "es una cuestión 100% jurídica" y ha insistido en que el Gvoern llevó todo el proceso "ajustado a la ley".

LUCRO CESANTE Y DÉFICIT

El 'conseller' ha asegurado a su vez que la indemnización máxima solo se daría en el supuesto de que la Generalitat rescindiera unilateralmente el contrato de gestión, que no es la intención del Govern. "Tenemos toddos el arsenal judicial para eso no se produzca", ha explicado. En todo caso, aunque no lo haya recordado, los impactos serían superiores como indicaba un informe de la propia Conselleria. Y eso es porque tendrían que inluir el lucro cesante de los adjudicatarios y los efectos en el déficit del 2012, que se redujo en cinco décimas por esta operación.