El Govern perderá 1.100 millones si anula el concurso de ATLL

La anulación del concurso con el que Acciona se adjudicó en el 2012 la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) costaría hoy en día unos 1.100 millones de euros a la Generaliat. El impacto de invalidar la mayor privatización hecha por el Ejecutivo catalán se traduciría en casi 400 millones menos de tesorería, de los que 298,7 millones son por la suma cobrada al firmarse el contrato, que tendrían que devolverse; más otros 100 millones por lucro cesante para el consorcio ganador de la licitación, según fuentes conocedoras del proceso próximas a la Administración.

Esta segunda cifra será mayor cuanto más tiempo transcurra entre el inicio del contrato y un eventual fallo judicial que avalase la anulación del concurso dictada en enero del 2013 por el organismo de control de la Generalitat, el OARCC.

MEDIDAS COERCITIVAS

Además, el déficit del 2012 debería recalcularse y elevarse en 1.100 millones. La cifra engloba los 400 millones citados y otros 696,9 millones «por el valor actual de las 50 anualidades del canon a cobrar en el futuro» y que la Intervención del Estado autorizó a contabilizar para reducir el déficit en cinco décimas, según un informe de la interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal. El pago de los 298,7 millones se realizó el 27 de diciembre del 2012 y el contrato rige desde las 23.59 horas del 31 del mismo mes, lo que permitía aún anotar la operación dentro del ejercicio del 2012, según el mismo informe.

Este análisis encargado en su día por la Conselleria d'Economia que dirige Andreu Mas-Colell, alertaba de que ejecutar la invalidación del contrato elevaría el déficit del 2012, al menos al 2,46% del PIB, frente al 1,5% comprometido.

También advertía de «las posibles consecuencias correctoras y coercitivas» incluidas en la ley de Estabilidad. Una sería «el aumento del importe» del ajuste de Catalunya para acceder al fondo de liquidez autonómica (FLA), creado en el 2012 y financiador casi exclusivo del Govern desde entonces. Otra incógnita es la nueva regulación contable europea, la SEC-2010. Los anteriores cálculos (SEC-95) admitían la operación como «venta a plazos». Con la SEC-2010 está por fijar la posición de la Intervención y si se podría acumular el déficit y hacer otro concurso.

La Generalitat convocó la mesa de contratación del concurso en diciembre después de que los jueces dejaran en el aire la licitación al desestimar la suspensión cautelar de la decisión del OARCC. Los primeros informes técnicos avalan la licitación y en caso de seguir los criterios del OARCC, ni Acciona ni Aigües de Barcelona (Agbar),la perdedora del concurso, cumplirían las condiciones. Agbar ha denunciado al Govern ante la Comisión Europea por presuntos incumplimientos judiciales.