La Comisión de Spanair descarta responsabilidad política

La Comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre la quiebra de Spanair concluyó ayer sus trabajos con la aprobación de un dictamen que descarta responsabilidades políticas en la quiebra y cierre de la aerolínea. Esas conclusiones unifican las posturas de CiU, ERC y PSC, mientras que no han prosperado las conclusiones y recomendaciones presentadas por PP, ICV-EUiA y Ciutadans, que sí defendían que hubo responsabilidad política.

Más de ocho meses después de constituirse y de comparecer unas 70 personas desde enero, la Comisión prevé remitir sus conclusiones al pleno del Parlament para que las debata y apruebe «antes de que acabe el periodo de sesiones», expuso el presidente del organismo parlamentario, el diputado Matías Alonso.

El presidente confió en que «haya servido para dar más luz sobre una empresa en la que se abocó dinero público, y en que los ciudadanos hayan podido tener una visión más amplia de lo que ha sucedido» desde que, en el 2009, un grupo de empresarios catalanes y administraciones públicas catalanas adquirieron la aerolínea, que acabó por quebrar en enero del 2012 al no conseguir un socio industrial.

La participación pública en Spanair fue decidida por el Govern tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA), continuó cuando CiU tomó el relevo del Ejecutivo en el 2011, y también hubo una aportación significativa del Ayuntamiento de Barcelona con los alcaldes Jordi Hereu (PSC) y Xavier Trias (CiU), de forma que la inyección de dinero público en la aerolínea rondó los 200 millones.

PROYECTO JUSTIFICADO / El diputado Antoni Fernández Teixidó (CiU) defendió: «No sabemos distinguir ningún tipo de responsabilidad política ni ética», Y negó que fuese un proyecto ideológico, como consideró la diputada de C's Inés Arrimadas.

Alícia Romero (PSC) defendió que el proyecto fue «acertado», y que no hubo responsabilidades políticas, porque la obligación de los gobiernos es tomar decisiones, a veces con éxito y otras no.