Reformas con poco margen

En puertas de que se apruebe la esperada reforma fiscal, y por las noticias que van apareciendo en los medios de comunicación, fruto de las reuniones del ministro de Hacienda con los diferentes colectivos profesionales, podemos ya atisbar que esta reforma del Gobierno no va a seguir las recomendaciones de la Unión Europea, que desde la atalaya nos dice que hay que subir los tipos de los impuestos indirectos, el IVA, así como de los tributos medioambientales y los seguros sociales.

Toda reforma tiene que tener presente la realidad compleja de un país con una estructura administrativa compuesta por tres niveles, el estatal, el autonómico y el local. De ahí que cualquier mejora de los sistemas tributarios debería iniciarse a partir de la imperiosa necesidad de poner orden y raciocinio en el sistema de financiación de las administraciones locales y autonómicas y, por consiguiente, en los aspectos impositivos de ellas.

Las medidas que se van a tomar van a quedar influidas sin duda por el contexto de crisis económica que vivimos; recordemos que en el 2015 la ratio de deuda pública se situará cerca del 101%. Algunas de las medidas eran ya esperadas desde hace tiempo por el sector empresarial. Por ejemplo, la rebaja del tipo de gravamen nominal del impuesto sobre sociedades, punto en el que hay que recordar que el tipo efectivo ya de por sí se encuentra en sintonía con los de nuestro entorno europeo. También es comprensible que se rebaje el tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), porque en este tributo España es líder entre los países de la Unión Europea. Aunque la realidad siempre es más compleja, los tipos efectivos no se perciben por los inversores extranjeros dado que estos se mueven en función de los tipos nominales, y eso condiciona las inversiones extranjeras en nuestro país.

Reactivación del consumo

Si al final, como parece, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) se mantiene en el tipo del 21% actual, las citadas rebajas de otros impuestos y el mantenimiento de este seguramente aumentarán el nivel adquisitivo de las personas, lo que  provocará el deseado aumento de la demanda de productos y reactivará  el consumo.

Es deseable que esta reforma no pierda la oportunidad de poner cierto orden en el caos legislativo actual, y para muestra un botón: desde el año 2009 se han aprobado cerca de 440 impactos fiscales entre la Administración central y las autonómicas. Este dato, nada baladí, pone en evidencia la imposibilidad de alentar la inversión y el ahorro responsable y sostenible. Aunque ya está descontado que determinadas medidas afectarán, al menos en el corto o el medio plazo, al bolsillo de los ciudadanos, es necesario algo más. Necesitamos crecer de una manera sostenible en el tiempo para reducir la deuda pública y el déficit actuales, y de esta manera poner los cimientos para la creación de empleo, entre otras variables.