Las minas de carbón, una actividad condenada

El Gobierno considera imposible la viabilidad económica de la industria minera, que mantiene subvenciones millonarias

Mina de Santa Lucía de León.

Mina de Santa Lucía de León. / SANTIAGO BARTOLOMÉ

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EDUARDO LÓPEZ ALONSO / Barcelona

La actividad minera del carbón en España está en declive. Cierto que mantiene su consideración como sector estratégico y de gran impacto social, pero desde un punto de vista económico y energético todos los datos apuntan a su condena. Alrededor de 5.000 personas trabajan en torno a la extracción de carbón en España. A las grandes compañías eléctricas no les es rentable producir energía a partir de carbón producido en España, en esas tradicionales cuencas mineras de León y Asturias. Les sale más barato producir a partir de gas natural.

Pero el carbón es en España una industria subvencionada, también con el objetivo de conservar puestos de trabajo. Existe un precio de venta de energía para cada una de las centrales que operan con carbón y se compensa el precio más alto que se debe pagar por el carbón español. La excusa, ademas de los puestos de trabajo del sector es, especialmente, que cualquier país requiere garantizar algún tipo autónomo de energía para e país. Para algunos especialistas, las actuales reservas aconsejarían desde ese mismo punto de vista abandonar la extracción de carbón para mantener las reservas estratégicas. 

Subvención por trabajador

Como consecuencia de este conglomerado complejo de intereses, la factura del carbón es del entorno de los 500 o 600 millones de euros en concepto de complemento por sobrecostes, más un millar largo de millones de euros incluidos en los Presupuestos del Estado. Cada trabajador requiere una financiación pública de 185.000 euros anuales, según Funciva.

El Gobierno ya advirtió este verano que cree que es "imposible" que el carbón español pueda competir en los mercados internacionales y que es "muy dudoso" que las empresas españolas puedan competir en precios y calidad con la producción procedente de otros países como Australia, Colombia o Indonesia a la hora de suministrar a China o India.

La posición del Gobierno

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Fue la una respuesta escrita al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, que en diciembre del año pasado registró una pregunta parlamentaria interesándose por saber por qué la Unión Europea y el Gobierno español tienen "tantas prisas en cerrar" las minas españolas a pesar de que las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) apuntan a que esta fuente de energía igualará en 2017 al petróleo gracias a la demanda de los países emergentes. El Ejecutivo considera que "si el pronóstico de la AIE se cumple, lo que dependerá de que China y la India continúen con las tasas de crecimiento económico de los últimos años y con niveles de consumo de carbón también crecientes" serán las empresas más competitivas --incluyendo las españolas-- las que puedan competir. "Las empresas españolas que sean capaces de producir a costes internacionales tendrán un mercado al que ofertar. Sin embargo, es muy dudoso que las empresas españolas puedan competir con los precios y la calidad del carbón producido en otros países. Es imposible, con el nivel de calidad y precios del carbón español, competir en los mercados internacionales con el carbón de Australia, Colombia o Indonesia", insiste el Ejecutivo.

Con respecto a la decisión de Bruselas de acabar con los subsidios y cerrar las minas no rentables a partir del 2018, la respuesta parlamentaria defendió que "tras muchos años de dedicar ayudas al sector, éste debe empezar a funcionar de acuerdo con las reglas del libre mercado y basarse en su capacidad de competir con los precios internacionales".