07 ago 2020

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Los ajustes en las administraciones

La Generalitat usa la reforma laboral para despedir en empresas públicas

El Incasòl presentará un expediente para reducir 203 puestos de trabajo, el 40% de la plantilla

Tras Gisa y la Agència de Cooperació, los recortes apuntan ahora a la Agència Catalana de l'Aigua

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Tras los recortes, despidos. Los números no le cuadran a la Generalitat, como ha quedado demostrado en los continuos planes de recortes que ha tenido que presentar el Govern de Artur Mas. Hace apenas una semana, el president anunció la tercera ola de recortes en dos años, con la que se pretende ahorrar 1.500 millones de euros. Una de las medidas es la reducción de las plantillas de las empresas públicas, algo que el Ejecutivo de CiU ya ha comenzado a aplicar, en parte, gracias a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Ayer, precisamente, el Institut Català del Sòl (Incasòl), anunció la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 203 de sus 496 empleados.

El director general del Incasòl, Josep Anton Grau, comunicó al comité de empresa la decisión y le emplazó a una reunión que tendrá lugar el martes, cuando está previsto que se presente el ERE ante la Conselleria d'Empresa i Ocupació. A partir de entonces, Generalitat y comité negociarán la aplicación de este ERE, cuya aplicación comenzará en el plazo de un mes.

EN BUSCA DE LA VIABILIDAD / El Incasòl justificó este recorte de personal por la necesidad de redimensionar la empresa para garantizar su viabilidad y «adaptarse a la nueva realidad del mercado inmobiliario y de la construcción», que ha caído de manera drástica en los últimos años por la crisis. Desde el inicio de la crisis, la actividad inmobiliaria del Incasòl ha descendido un 80%, lo que ha hecho caer los ingresos por facturación de 180 a 60 millones de euros. Además, la firma arrastra un fuerte endeudamiento y pérdidas acumuladas, aunque su presupuesto para el 2012 es un 40% inferior al del ejercicio anterior.

Es por ello que la Generalitat plantea bajar el número de cargos directivos de los 142 actuales a 63, lo que supone despedir a 79 de ellos (el 55%), mientras que el resto del personal laboral pasará 354 a 203 personas, con lo que se rescindirá el contrato a 124 empleados (35%). En total, la plantilla se reducirá un 41%.

Esta no es la primera vez que la Generalitat intenta despedir parte de la plantilla del Incasòl: hace algo más de un año, en abril del 2011, despidió a 19 empleados de manera individual, aunque se vio obligado a readmitirlos al ser declarados despidos nulos por un juzgado de lo social de Barcelona. El juez alegó en su sentencia que la Generalitat no podía despedir a trabajadores de sus empresas por motivos económicos porque las firmas públicas no persiguen el mismo fin de obtener beneficios que las privadas.

REDUCCIÓN DE INGRESOS / Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado sustancialmente debido a la reforma laboral del Gobierno del PP, que facilita expedientes de regulación de empleo también en empresas públicas (como el Incasòl) solo con que los ingresos caigan.

Con esta premisa, y dado que la Generalitat tiene que continuar con los recortes para lograr ajustarse a los objetivos de déficit, el president anunció la semana pasada que se llevarían a cabo nuevos despidos. «No serán masivos», afirmó, pero los habrá en aquellas compañías en que la crisis ha hecho reducir sensiblemente su actividad.

De momento, además del ERE en el Incasòl, la Generalitat ha reducido las plantillas de dos empresas públicas: Gisa (licitaciones) y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En la primera, los recortes afectaron a 45 trabajadores de las 236 personas que forman parte de la compañía, mientras que en el caso de la segunda, los afectados sumaron 42 (de 97 empleados).

De cara al futuro, la Generalitat prepara expedientes similares sobre todo en las empresas que han visto reducidas sus actividades debido a la crisis, o que acumulan una cantidad importante de deuda, como es el caso de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que arrastra una deuda de 1.250 millones de euros, lo que le cuesta, solo en costes financieros, 150.000 euros diarios. Otras de las posibles afectadas son la Agència de l'Habitatge de Catalunya y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), aunque en esta última el director de TV-3, Eugeni Sallent, afirmó que no habrá ERE durante el 2012.

Los sindicatos, que tomaron las palabras de Mas como un «pistoletazo de salida de ERE», confían en que se puedan recolocar los trabajadores afectados en otras compañías de la Administración.