La fusión que nunca jamás debió existir

Sumar problemas no suele ser una buena manera de solucionarlos. Y si a la adición de dificultades se le añade una dosis elevada de política, el fracaso está servido. La historia de Bankia está salpicada de estos dos ingredientes al igual que la crisis financiera que dura ya hace cinco años. Las siete cajas que la forman -Caja Madrid, Bancaja, Segovia, Ávila, Rioja, Canarias y Laietana- registraban a finales del 2009 y principios del 2010 elevadas tasas de morosidad fruto de la exposición a promotores en suspensión de pagos.

Estas entidades, ubicadas en su mayoría en comunidades gobernadas por el PP (excepto Laietana, con el tripartito catalán y Caja Canarias, con CC), aprobaron en el 2010 un Sistema de Protección Institucional (SIP) un invento del Banco de España para alumbrar entidades de mayor tamaño y justificar así una inyección de capital público sin que se le pudiera llamar ayudas.

Bankia, como se bautizó más tarde el SIP, recibió por esta vía una aportación de capital público de 4.500 millones de euros, a devolver con un interés del 8%. El Banco de España avaló las cifras, sin tener en cuenta que en un escenario de recesión de la economía, con una caída de ingresos, sería difícil generar suficientes beneficios como para devolver los créditos.

El nuevo grupo bancario cuidó todos los equilibrios políticos para no levantar ampollas. Se acordó que Rodrigo Rato, apoyado por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, sería el presidente, mientras que José Luis Olivas ocuparía la vicepresidencia, a la vez que se mantendrían dos sedes, en Madrid y en Valencia.

Desde un primer momento, el grupo fijó su mirada en la bolsa como fórmula de captar capital. Las cajas de ahorros no podrían captar capital, pero el banco al que se traspasaron los activos de Bankia bien podía cotizar y elevar su solvencia.

ESTRENO EN EL 'PARQUET' / La entidad salió a Bolsa el 20 de julio de 2011 después de una fuerte presión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las principales entidades financieras del país, desde el Santander al BBVA, pasando por CaixaBank, cerraron filas en una operación considerada de «país». Los mercados financieros acosaban a España y era importante demostrar que el sector financiero revestía salud para ahuyentar el riesgo de intervención. Bankia captó a 347.338 minoristas y a 280 grandes inversores, con un precio de salida de 3,75 euros por acción, por el cual logró 3.092 millones de euros. Los inversores que pusieron sus ahorros en la operación han perdido hasta hoy un 37% de su inversión.

Con la apelación a los mercados, Bankia cubrió los requerimientos de capital establecidos por el real decreto ley para el reforzamiento del sector financiero. Tras la salida a bolsa, su nivel de solvencia (Core Tier 1) se situó en el 9,9%. Pero los balances de la banca siguieron deteriorándose al ritmo de la crisis. En noviembre del 2011 el Banco de España intervino el Banco de Valencia, entidad integrada en Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y le inyectó 3.000 millones. La nacionalización propició la dimisión de Olivas en Bankia y BFA.

La semana pasada, Bankia remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores unas cifras no auditadas que revelan que el peso del ladrillo supera los 37.000 millones en su balance, mientras que su valor en bolsa sumaba ayer 4.375 millones. Ayer revestía de más actualidad que nunca una de las frases que pronunció el Gobernador del Banco de España en el 2009: «Debemos estar orgullosos y debemos decir que la solidez del sistema financiero español es uno de los soportes al atravesar esta crisis».