La Generalitat ya no será «determinante» en El Prat

Al catálogo de promesas y buenos propósitos que la situación de emergencia económica se ha llevado por delante hay que añadir desde ayer el reiterado compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de que el papel de Catalunya iba a ser «determinante» en los órganos de gestión del aeropuerto de El Prat. El rol exacto que el gobierno catalán jugará en el órgano de carácter público que controlará la gestión privada aún está por definir del todo, pero ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, eludió por dos veces responder si su papel iba a ser determinante. En la primera dijo que la comunidad autónoma «participará» y al ser repreguntada aseguró que su papel sería «importante». Sin más.

La única pista que había dado minutos antes la número tres del Ejecutivo en su comparecencia tras el Consejo de Ministros apunta, en realidad, a un papel muy residual. «Las comunidades autónomas van a participar en toda la toma de decisiones urbanísticas, de movilidad...». Es decir, ninguna novedad sobre el texto entregado por el Ministerio de Fomento el pasado miércoles que despertó los recelos de la actual administración catalana pero también de quienes van a tomar el relevo.

Salgado anunció también que «en algunos casos, los municipios del entorno» del aeropuerto participrán en «el órgano de impulso y seguimiento» en el que también estarán el Estado y las autonomías». Respondía así a la demanda efectuada el día antes por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que recordó la inclusión en la Carta Municipal de Barcelona de esa presencia.

Tras conocer los últimos datos, el experto en infraestructuras Germà Bel confirmó ayer la valoración que hizo el pasado miércoles para este diario sobre la decisiones tomadas por el Gobierno, en el sentido de que se trata de «una privatización parcial de AENA que no modifica el actual modelo de gestión centralizada y no responde a la demanda que hizo hace tres años por la sociedad civil catalana. El modelo de privatización escogido «solo tiene un parecido anterior en lo que hizo el Gobierno de Margaret Tatcher en 1987 cuando privatizó la Bristish Airport Authority», lo que es incomprensible para un gobierno progresista.