Tribunales
El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, en libertad con medidas cautelares
El empresario madrileño se niega a declarar ante el juez
Tendrá que comparecer en el juzgado de forma periódica y le retiran el pasaporte
Primeras imágenes de Víctor de Aldama, en libertad. / EFE
Por qué confiar en El Periódico Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, ha quedado en libertad con cargos tras pasar 48 horas en los calabozos después de ser detenido el pasado martes involucrado en una presunta trama de venta de mascarillas durante la pandemia.
Tal y como ha trascendido, la Fiscalía no ha pedido al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, ni de los otros dos detenidos que han pasado a disposición del juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia, de modo que los cuatro quedarán en libertad con medidas cautelares.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que en el caso de Koldo García las medidas cautelares solicitadas son comparecencias periódicas en el juzgado y retirada del pasaporte.
Los otros tres detenidos que han pasado ante el juez son el hermando de Koldo García; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama; y el empresario Íñigo Rotaetxe.
Derecho a no declarar
Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, se han acogido a su derecho a no declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en el marco de la investigación sobre las presuntas mordidas en la compra de mascarillas.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que tanto el exasesor como otros tres detenidos han pasado este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, pero todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar. Entre los mismos estaban el hermano de Koldo, Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y un empresario vasco.
Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas.
La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.
El montante supera los 50 millones
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.
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