tribunales
El juez afirma que Laporta pagó a Negreira, pero que no puede investigarle
El caso Negreira: el gran agujero negro del Barcelona
El juez imputa al Barça un delito de cohecho por el caso Negreira
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Varapalo judicial a Joan Laporta por parte del juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso Negreira sobre los millonarios pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira durante 18 años. El magistrado no solo ha vuelto a rechazar la personación del Barça como acusación, denegando su recurso, sino que en el auto recrimina a Laporta que pretenda acusar a los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu cuando él, en su primer mandato, hizo lo mismo. Es decir, desembolsó dinero al exdirigente arbitral. Sin embargo, precisa que el actual dirigente del club catalán se está salvando de ser imputado y, por lo tanto, de estar investigado, por la prescripción de delito.
La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene que el escrito en el que el Barça solicita ejercer la acusación podría considerarse válido desde el punto de vista formal, pero "atenta gravemente contra el espíritu ético del resto de normas aplicables a la admisión de la personación de partes acusadoras". Incide que, por ahora, no se ha atribuido a Laporta "la comisión de ningún delito, no por razones atinentes a la antijuridicidad de los actos cometidos" por él en su primera fase como presidente del FC Barcelona, sino "por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva".
Actos idénticos a sus sucesores
¿Por qué? Durante el primer mandato de Laporta "también se efectuaron pagos a la familia de Enríquez Negreira", a través de las sociedades que estos supuestamente utilizaban como interpuestas. Por tanto, agrega, "la conducta de Laporta a este respecto es idéntica a la de los presidentes posteriores". El juez concreta que el actual presidente azulgrana es el que designa, "bien directamente, bien a través de otras personas de menor rango, a quienes componen el equipo jurídico que representa al FC Barcelona" en la causa judicial. "Por consiguiente -subraya- resulta contrario a toda ética que quien cometió unos actos idénticos a los de los posteriores presidentes pretenda personarse en la causa ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del FC Barcelona, como si este fuera una entidad abstracta con un 'yo' propio ajeno al de los directivos del club".
Es decir, "no es admisible éticamente" que Laporta acuse a Rosell y Bartomeu por el delito de administración desleal, cuando "existen indicios más que sobrados" que el actual presidente cometió en su día (2003-2010) los mismos hechos que sus actuales predecesores, alega el juez. Dicha actuación, añade, consiste en haber pagado el FC Barcelona abultadas cantidades de dinero (más de siete millones de euros) a Enríquez Negreira "por tratarse de uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol".
Un delito como medio para cometer otro
Respecto al proceso en su conjunto, el juez considera que "existe un concurso medial" entre el delito de administración desleal y aquel delito para el que se extrae el dinero del club, que sería el de corrupción deportiva o el de cohecho. Es decir, que un delito (administración desleal) constituyó el medio para cometer el otro (cohecho o corrupción deportiva). En este sentido, precisa que el FC Barcelona no puede acusarse a sí mismo, recordando que el club ya está imputado por un delito de cohecho desde el pasado 27 de septiembre y antes por corrupción deportiva.
Por otra parte, el juez Aguirre ha solicitado a ocho entidades bancarias información sobre las cuentas corrientes del exdirigente arbitral, de su hijo, Javier Enríquez Romero, y de su familia, con la intención de corroborar no solo los movimientos que han habido en ellas, sino también los pagos del FC Barcelona.
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