13 ago 2020

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sustancias prohibidas

Más de 250 deportistas involucrados en una operación antidopaje de magnitud

La Guardia Civil incauta, tras una investigación llevada a cabo en Barcelona y Cádiz, el mayor alijo de EPO descubierto en Europa

Entre los deportistas hay futbolistas, atletas, triatletas, ciclistas, pilotos, remeros y halterófilos

Luis Rendueles / Sergi López-Egea

Operación de la Guardia Civil contra un grupo que traficaba con EPO. / FOTO Y VÍDEO: GUARDIA CIVIL

Al estilo de la famosa operación Puerto pero con un impacto y unos daños todavía imprevisibles porque según fuentes solventes hay casi 260 deportistas de varias nacionalidades involucrados. La Guardia Civil desarticuló en abril una de las mayores redes en distribución a deportistas de productos dopantes, principalmente la tristemente famosa eritropoyetina (EPO), que sigue estando presente en las cloacas deportivas, y que ha supuesto la incautación en Europa del mayor alijo de esta hormona prohibida por las autoridades antidopaje; nada menos que 850 dosis. Ya se la conoce como operación Hipoxianet y llevaba una década en activo.

En los últimos dos años y medio la trama habría conseguido unos beneficios de más de un millón de euros, según fuentes conocedoras de la operación. Hay dos detenidos y tres órdenes de búsqueda y captura internacionales, una de ellas contra un ciudadano serbio que es quien entró en contacto hace una década con el enfermero de una clínica de diálisis de Cádiz, que trabajaba como recepcionista de pacientes en el centro gaditano.

Un piso en Barcelona

En Barcelona ha sido detenido otro ciudadano serbio, que según estas fuentes se dedicaba exclusivamente al tráfico de sustancias dopantes y quien hace pocos meses, sin que conste ningún otro medio de trabajo, adquirió una vivienda de más de medio millón de euros en la calle de Aragón de la capital catalana. El enfermero andaluz se encargaba de la distribución de los fármacos, principalmente EPO, en España, mientras que el ciudadano serbio se responsabilizaba del mercado internacional.

La cifra de deportistas se cifra entre 250 y 260 personas de las siguientes nacionalidades: España, Alemania, Austria, Italia, Grecia y Francia. También hay un especialista turco de halterofilia. Las edades oscilan entre los 18 y más de 60 años y son practicantes, a todos los niveles, de atletismo, triatlón, ciclismo, motocrós, halterofilia y remo.

En el caso del fútbol hay equipos de categoría regional involucrados y "entre dos y tres jugadores" y algún deportista que ha acudido a alguna cita olímpica. Los nombres no trascenderán, aunque sí se sabe que había clientes de las cuatro circunscripciones catalanas. Estos deportistas figuran en el sumario de la operación como testigos y no como investigados y administrativamente pueden ser sancionados hasta cuatro años por las autoridades antidopaje.

El inicio de la operación

Las pesquisas comenzaron tras una denuncia en el 2017 a la Agencia Antidopaje Española. Hasta este jueves el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, que lleva el caso, no ha levantado el secreto de sumario y hasta esta semana todavía quedaban flecos abiertos que impedían la difusión de la operación, según ha podido saber este diario. 

La operación se ha desarrollado en Barcelona y Cádiz. Fue la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) la que puso en alerta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mismos especialistas del cuerpo que desarticularon anteriormente las denominadas operaciones Puerto y Galgo. La agencia alertó de que varios deportistas podrían estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes mediante su compra a través de internet.

De esta manera, según ha informado la Guardia Civil este jueves, los agentes pudieron identificar al menos siete webs que ofertaban distintos productos, principalmente anabolizantes y hormonas, sin control sanitario. Una de ellas era la página epobest.com, que ya ha sido intervenido judicialmente. Los dominios se encontraban en países como Islandia o paraísos fiscales como New Jersey. Dichas páginas de internet estaban dirigidas a posibles clientes de ámbito español e internacional, en múltiples idiomas y divisas. Algunas de ellas estaban dedicadas exclusivamente a la venta de EPO, en las que se indicaba que la citada hormona era enviada desde España.

"Pata negra"

Los contactos se establecían a través de correos electrónicos, ordenadores y teléfonos, así como cuentas corrientes para efectuar los pagos, radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre. En el caso de la EPO, para demostrar que era "pata negra", en este caso obtenida ilegalmente engañando a la Consejería de Sanidad de Andalucía, los clientes podían efectuar una prueba gratis y así constatar que no procedía del mercado negro del este o de Asia.

En los registros efectuados en Barcelona y Cádiz se han intervenido más de 70.000 euros en efectivo y se han bloqueado cuentas bancarias con más de 800.000 euros. La red mantenía varias páginas alojadas en servidores en el extranjero donde se habían dado de alta con identidades falsas. Allí ofrecían los productos dopantes. Los usuarios realizaban los pedidos seleccionando las sustancias en sus distintas presentaciones. Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se utilizaban redes de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era operado desde España. Los pagos también podían efectuarse en criptomonedas.

El mercado negro

La organización consiguió un total de 850 jeringuillas de EPO precargadas, lo que supone según fuentes de la Guardia Civil, "la mayor incautación realizada en Europa". A diferencia de la operación Puerto de 1996, coordinada por médicos como Eufemiano Fuentes, la medicación se guardaba sin las debidas condiciones de conservación ni de temperatura. La EPO siempre se debe conservar en el refrigerador. La función legal de la EPO es facilitar el aumento de los glóbulos rojos en la sangre a pacientes con problemas renales. 

La organización llevaba 10 años operando. Los investigadores todavía están recapitulando datos pero ya se sabe que entre el 2016 y el 2019 se desviaron entre 8.000 y 10.000 unidades de medicamentos al mercado negro, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz coordina toda la operación en la que también han actuado cuerpos policiales de diversos países con la colaboración de Europol.

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