Unos 'e-mails' destaparon el presunto fraude en el Ayuntamiento de Cornellà

"Hola Eduardo, esta certificación no es la que nosotros pedimos. Te paso la relación de documentos a aportar". Este correo electrónico fue remitido el 24 de enero de 2018 por la responsable de deportes en edad escolar del Ayuntamiento de Cornellà, M. C., a Eduard Galí, director del Consell Esportiu de L'Hospitalet, en relación a un contrato de arbitrajes de juegos escolares que esa última entidad formalizó en 2018, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Este 'e-mail' y otros similares hallados por la Policía Nacional son los que pusieron a los agentes en la pista del presunto fraude por el que fue registrada el lunes la sede del consistorio de Cornellà y se detuvo a 11 personas, entre ellas el teniente de alcalde y concejal de Economía, Sergio Fernández, y un exconcejal de Deportes. La policía ha dejado en libertad a siete y el juez, a los otros cuatro, tras acogerse a su derecho a no declarar.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron el lunes durante nueve horas las oficinas del Ayuntamiento de Cornellà y, especialmente, las del área de Deportes, así como la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, cuyo presidente fue detenido en el marco de una operación por un presunto caso de corrupción que nació de una causa instruida en un juzgado de L'Hospitalet, también por presunta malversación en el Consell Esportiu de esta localidad. En este proceso está imputado Galí, así como el actual teniente de alcalde de esa localidad, Cristian Alcázar, e, incluso, la alcaldesa Núria Marín.

"Os adjunto la propuesta"

Es precisamente en esta causa de L'Hospitalet donde figuran los correos electrónicos que han dado pie a la nueva investigación en Cornellà. "Buenas, os adjunto la propuesta de acuerdo de la junta directiva para firmar el contrato, si le dais el visto bueno lo pasamos a firmar y lo ultimamos", escribió Galí a M. C., la responsable de edad escolar del Ayuntamiento de Cornellà. Esa sucesión de correos entre esta técnica y otros funcionarios del consistorio del Baix Llobregat es lo que hace sospechar a los investigadores que los responsables del Consell Esportiu de L'Hospitalet, con Galí a la cabeza, se dejaron guiar por las indicaciones de los empleados municipales.

Para poder hacer esta operación y lograr el aval bancario que se requería, así como una línea de crédito de 20.000 euros, Galí, según la policía, ordenó a una administrativa del Consell que elaborara un acta de la comisión directiva que, supuestamente, no se llegó a realizar para poder formalizar las autorizaciones y apoderamientos para constituir el aval. En este documento, exigido por el notario constaba el nombre del teniente de alcalde Alcázar, entonces responsable del Consell Esportiu, y otra persona.

Los agentes consideran, sin embargo, que fue Galí quien llevó a cabo las gestiones de trámite con el Ayuntamiento de Cornellà para la adjudicación de contrato de arbitraje, así como con la entidad bancaria para contratar la línea de crédito y el aval bancario. De ahí que la policía sostenga que esa operación es un presunto artificio para desviar fondos.

El alcalde, tranquilo

En sus primeras declaraciones después de la operación, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha expresado su "tranquilidad" y ha defendido la correcta actuación del consistorio en la contratación de los servicios de arbitrajes al Consell Esportiu de L'Hospitalet que la UDEF investiga. El alcalde ha considerado que la actuación policial fue "desproporcionada", pues, a su parecer, "lo mismo que se pretendía se podría haber logrado por otra vía".

Al respecto, ha recordado que en 2020 el ayuntamiento ya facilitó a la justicia información relativa al contrato de arbitrajes investigado. La investigación, que dirige el juzgado de instrucción número 4 de Cornellà, deriva de la causa de presunto desvío de subvenciones en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat.

La juez de L'Hospitalet abrió una pieza separada, que envió a los juzgados de Cornellà, ante las sospechas de un supuesto desvío de fondos del consistorio, para beneficio personal, a través de un contrato de servicios firmado con el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat.

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