Consum multó un 64% más en 2023 tras poner el foco en el alquiler social y dispararse las quejas respecto a los derechos lingüísticos

Balance agridulce de fin de año para l’Agència Catalana de Consum. Dulce, porque este organismo encargado de velar por que se cumplan los derechos de los consumidores tiene primeros indicios de que empieza a disminuir la conflictividad entre las empresas que más reclamaciones acumulan y sus clientes. También, porque la estrategia puesta en marcha para vigilarlas con más ahínco empieza a dar sus frutos, y porque poder perseguir de forma más coordinada las infracciones en terreno inmobiliario se ha traducido en un aumento de las sanciones impuestas hasta los más de 10 millones este año pasado. Agrio, porque la lista de sospechosos habituales sigue siendo la misma y porque los sectores que más defraudan a los consumidores muta poco.

Así lo refleja el balance anual presentado este jueves por el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos Maduell, y el director de l’Agència Catalana de Consum, Albert Melià Roset, un compendio del que destacan tanto el incremento de las sanciones por no ofrecer alquiler social a propietarios que están obligados por ley, como lo mucho que se disparan las multas por vulneración de los derechos lingüísticos, es decir, que un producto no incluya el catalán en sus etiquetas, por ejemplo, o que un restaurante no tenga carta en este idioma.

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En total, Consum recibió 7.200 denuncias, llevó a cabo 7.863 inspecciones, de las cuales algo más de 1.000 acabaron en sanción y multó por valor de 10,5 millones de euros en 2023. Son, todos ellos, valores más elevados que el año previo, un incremento que relacionan en buena medida con las penas en relación con el alquiler social. Hay que tener en cuenta, que este ha sido el primer año en el que el programa de colaboración con la Agència Catalana de l’Habitatge se ha desplegado por completo, que es lo que explicaría que casi un tercio de las sanciones (3,3 millones) vayan relacionadas con esto.

En torno a un 5% de este volumen total, corresponde a multas vinculadas con los derechos lingüísticos, un volumen que parece secundario, pero que se dispara un 350% en relación con 2022. “Hay una mayor sensibilidad –ha apuntado Castellanos–. Y la agencia ha puesto mayor celo”, ha contextualizado este responsable público, que también ha matizado que este resultado es fruto de casos que pueden llevar años abiertos.  

Endesa, Naturgy y Vueling, las más reclamadas

De este modo, el gran grueso de las sanciones siguen yendo dirigidas a empresas que ofrecen servicios básicos: inmobiliarias, proveedoras de luz y de gas, entidades financieras y compañías de transporte y telecomunicaciones. En este sentido, pese a celebrar ambos portavoces que el número de reclamaciones recibidas en total (casi 39.7000) haya descendido ligeramente respecto al año anterior, un descenso que atribuyen en parte a su estrategia de adjudicar un inspector a cada una de las compañías más conflictivas, esta lista de empresas apenas muta y los sectores que más defraudan a los consumidores siguen siendo los mismos.

Las empresas que más reclamaciones acumulan son, por este orden, Endesa, Naturgy, Vueling, Orange, Vodafone, Iberdrola, Energia XXI, Edistribución, Ryanair y Caixabank. Consecuentemente, los sectores más calientes han sido los servicios de electricidad, luz y agua, la compraventa de bienes de consumo como textil, artículos informáticos y mobiliario, los centros de estética (por el cierre sobrevenido de varios de ellos) y los servicios de transporte, sobre todo concentrado en las aerolíneas.

“Somos conscientes de que la mayor parte de las reclamaciones y sanciones vienen por esta vía y que esto seguirá siendo así”, han admitido Castellanos y Melià, quien han atribuido la mayoría de problemas a desacuerdos con la facturación o a cláusulas abusivas. Con todo, han concluido, en el que será el último balance de la Agència Catalana de Consum tal como está conformada ahora por la convocatoria de elecciones en mayo, “el comportamiento es positivo, no lo suficiente como para celebrarlo, pero sí que vemos una tendencia ligeramente positiva fruto de habernos centrado en las empresas de servicios básicos”.