La Generalitat crea un comité de expertos para garantizar los derechos fundamentales en situaciones de emergencia

La pandemia de la covid-19 y la aplicación de medidas para evitar su propagación han puesto sobre la mesa un gran debate: ¿cuáles son los límites de las medidas de seguridad y para la protección de la salud en una sociedad democrática? La emergencia ha revelado la falta de un criterio público y compartido para evitar la lesión de los derechos civiles y políticos con el pretexto de una situación excepcional. Para mitigar la posible lesión de derechos fundamentales en futuras situaciones de emergencia, la Conselleria de Justícia de la Generalitat ha creado un grupo de trabajo que argumentará, dibujará y difundirá las líneas rojas que distinguen, por un lado las medidas admisibles para la preservación de la salud y, por otro, las acciones que comprometan los derechos que gozan de la máxima protección estatal, europea e internacional. 

Las orientaciones elaboradas por el grupo de trabajo partirán de los debates en torno de la pandemia de la covid-19 pero, sobre todo, proyectarán escenarios futuribles, en previsión de posibles rebrotes, nuevas pandemias u otras emergencias. Se trata de una reflexión para encarar etapas de crisis que pueden durar meses e ir acompañadas por la declaración de los estados excepcionales, con capacidad para suspender o condicionar los derechos fundamentales. 

La creación de este grupo de expertos, una iniciativa inédita dentro y fuera del Estado español, facilitará una gestión pública de las crisis sociales fundamentada en el respeto a los derechos y las libertades de la ciudadanía.

Las conclusiones del grupo de trabajo se publicarán en otoño

Justícia ha designado el grupo de expertos a instancia de la vicepresidencia del Govern, que es la competente sobre el fomento y la defensa de los derechos humanos, políticos y civiles. El informe final estará preparado este otoño. La Conselleria de Justícia publicará el trabajo del Comité y la Consellera de Justícia, Ester Capella, lo entregará al presidente del Govern y al presidente del Parlament.

Además, se ha habilitado un buzón electrónico (dretsfonamentals.justicia@gencat.cat) para que las personas e instituciones interesadas puedan enviar al grupo de expertos las valoraciones o elementos de juicio que consideren de interés.

El comité es plural y paritario. Lo componen profesionales de reconocido prestigio, con una trayectoria marcada por la defensa de los derechos civiles y políticos. Incluye expertos en diferentes disciplinas académicas, sobre todo, del derecho, pero también de la filosofía, así como juristas vinculados a los movimientos sociales.

Está formado por Enoch Albertí, catedrático de derecho constitucional de la UB; Xavier Antich, filósofo y profesor de la UdG; Anna Badia, catedrática de derecho internacional público y profesora del máster en Bioética y Derecho de la UB; Mercè Barceló, catedrática de derecho constitucional de la UAB; Josep Casadevall, abogado y vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Agustí Cerrillo, catedrático de derecho administrativo de la UOC y experto en transparencia y protección de datos; Francina Esteve, profesora de derecho internacional público en la UdG y experta en el ámbito de la Unión Europea; Anaïs Franquesa, abogada penalista y codirectora de Irídia; Josep Maria Vilajosana, catedrático de filosofía del derecho de la UPF; Núria Terribas, directora de la Cátedra de Bioética de la UVic-UCC; y Josep Maria Tamarit, catedrático de derecho penal de la UOC y la UdL.

Ningún miembro percibirá ninguna remuneración ni compensación económica por su participación en el grupo de trabajo. La Consellera de Justícia, Ester Capella, ha encargado la coordinación al director de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí, que es doctor en derecho, especialista en el ámbito del derecho administrativo y profesor de la UPF. El grupo de expertos actuará con objetividad, transparencia y plena independencia, con el apoyo técnico y organizativo de la Conselleria de Justícia, así como con el apoyo con la Oficina de Drets Civils i Polítics de la Consellería de Vicepresidencia y Economía y Hacienda.

De los pasaportes inmunitarios a la potestad sancionadora

Durante la emergencia sanitaria, expertos y gobiernos de todo el mundo han puesto sobre la mesa y aplicado medidas que generan debate sobre el tope democrático para el control de la pandemia de la covid-19. El encargo al grupo de expertos consiste en fijar las orientaciones sobre los límites que las administraciones tienen que respetar para evitar que la protección de la salud no tenga una incidencia excesiva sobre los derechos y las libertades de la ciudadanía.

Las sanciones, los pasaportes inmunitarios, el rastreo de telefonía móvil, la restricción de la circulación o la persecución de noticias falsas son algunos ejemplos de análisis sobre posibles lesiones del derecho a la intimidad, el de reunión y manifestación, la libertad de expresión o de creencias religiosas, el de circulación y residencia o el derecho a la información y a la transparencia de las políticas públicas.