ENTREVISTA

"Hay que luchar para que nadie especule con la futura vacuna contra el covid-19"

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Valentina Raffio

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La pandemia de covid-19 ha desencadenado una lucha encarnizada entre Estados por hacerse con un puñado de medicamentos experimentales contra el virus. Y una pugna geopolítica por acaparar una vacuna que todavía no existe. La lucha contra esta crisis sanitaria, pues, también se ha trasladado al terreno económico. Y es aquí donde brotan las preocupaciones sobre el acceso a estos medicamentos. "La pandemia ha recordado que la salud es un derecho humano fundamental. Nadie escoge ponerse enfermo. Y la capacidad de curarse no debería depender ni del dinero ni de la nacionalidad de cada uno", explica la socióloga Irene Bernal, de la oenegé 'Salud por Derecho', una entidad que lleva más de 15 años luchando por el acceso universal a los medicamentos.

En estos días vemos que se habla de medicamentos y vacunas contra el covid-1 en términos económicos, de acuerdos y de compraventa. ¿Se está negociando con recursos que afectan de manera directa a la salud pública?

Sí. Y es algo que hemos visto desde los inicios de la pandemia. Al principio, la lucha era por hacerse con las mascarillas. No se las llevaba el que más necesitaba, sino el más fuerte. Ahora la lucha se traslada a los medicamentos y las vacunas. Aquí tenemos que luchar para que estos fármacos lleguen a todo el mundo, sin importar su lugar de residencia. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que la salud pública tiene que pensarse de manera global.

La carrera científica avanza a un ritmo nunca visto. ¿Qué balance podemos hacer de este esfuerzo sin precedentes?

Esta carrera se está desarrollando a dos niveles. El de la investigación y el de la producción y comercialización. No hay que olvidar que la mayoría de las investigaciones empiezan con fondos públicos en las universidades y en los centros de investigación, luego las asumen empresas privadas y éstas las venden de nuevo  al sector público, que es quien las distribuye a los pacientes. Hay que poner en valor esta gran inversión pública para garantizar el acceso universal a los medicamentos.

En estos días se repite mucho el mantra del ‘acceso universal’ a los recursos contra el virus. ¿Cómo se traslada esta idea de la teoría a la práctica?

Para garantizar el acceso universal a las futuras vacunas y tratamientos contra el covid-19 necesitamos que estos compuestos sean accesibles, seguros y eficaces. Y esto se logra dejando que la ciencia haga su trabajo en los ensayos clínicos, sin presionar por el tiempo. Necesitamos garantías científicas, clínicas y regulatorias antes de que se distribuya el producto.

¿Qué rol juegan las presiones económicas en todo este proceso?

Ahora mismo, el derecho a la salud forma parte de un negocio. Siempre ha habido un mercado con la comercialización de fármacos, pero ahora con la pandemia se hace más notable. La cuestión aquí es cómo establecer unas reglas del juego para garantizar el acceso y la sostenibilidad del sistema sanitario. Las farmacéuticas tienen el derecho legítimo a obtener un beneficio de su trabajo, siempre que sea razonable. Y los ciudadanos a acceder a esos fármacos a un precio justo.

"Las farmacéuticas tienen el derecho legítimo a obtener un beneficio de su trabajo. Y los ciudadanos a acceder a esos fármacos a un precio justo."

La gran pregunta es quién fijará el precio de la futura vacuna…

Se dice con frecuencia que el precio de los medicamentos lo fijan los estados, pero en la práctica no es verdad. El precio se fija en función de las negociaciones de las empresas con los diferentes países. Además, entran en juego factores como las patentes sobre los medicamentos, que que generan monopolios y precios elevados, lo que impide muchas veces el acceso universal a estos fármacos. Ahora hay que luchar para que nadie especule con la futura vacuna contra el covid-19.

¿Qué hacer entonces para evitar el monopolio de los recursos?

Hay soluciones. Siempre han existido, pero en tiempos de pandemia resultan todavía más importantes. Consisten en algo tan sencillo como compartir el conocimiento y alejarnos de las licencias exclusivas. Esto ayudaría a que la investigación avanzara más rápido, porque si compartes todos los resultados evitas que otros caigan en los mismos errores. La Organización Mundial de la Salud ya lanzó un llamamiento solidario para compartir en abierto todo el conocimiento relacionado con el covid-19. Esta filosofía beneficia a toda la sociedad.

Hay varias iniciativas que hablan del reparto justo de las vacunas, sobre todo a los países de bajos ingresos. ¿Sirven de algo?

Estas iniciativas son muy importantes. El problema es que dependen de la solidaridad de los países. Así que en la práctica todavía no sabemos cómo se llevarán a cabo ni cómo se garantizará la llegada de los medicamentos a los países de bajos recursos. Ni bajo qué criterios se van a repartir. Nos espera un otoño de negociaciones muy intensas…

"La presión popular podría influir en las negociaciones entre gobiernos y farmacéuticas, así como en el futuro reparto de los fármacos"

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para intervenir en este debate?

La sociedad civil jugará un papel muy importante en este proceso. La presión popular podría influir en las negociaciones entre gobiernos y farmacéuticas, así como en el futuro reparto de los fármacos. En tiempos de pandemia es más urgente que nunca que estas cuestiones se expongan al debate público.

De acuerdo. Entonces pongámonos en el día en que por fin tengamos una vacuna. ¿Cómo garantizar que llegue allá donde se la necesite?

Hay varias fórmulas. Como las licencias no exclusivas, por ejemplo. Estas permitirían que muchas empresas pudiesen producir un mismo medicamento, garantizando así el suministro y la distribución de los futuros fármacos y vacunas contra el covid-19. Si queremos una producción a gran escala, necesitamos que se puedan producir localmente allá donde se necesiten.

Si esta filosofía se consolida durante la pandemia, quizás también deberíamos plantearnos si vale la pena mantenerla para más allá…

Absolutamente. Es importantísimo que los Estados asuman un papel regulador mucho más activo. También necesitamos impulsar las investigaciones independientes, que salgan directamente del sistema público. La pandemia ha evidenciado la necesidad de cambiar las reglas del juego.

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