El CSIC pide un pacto de Estado por la ciencia en su 75º aniversario

El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, pidió ayer para la institución, que celebra sus 75 años de vida, una ley específica, tal y como han venido solicitando desde hace casi 20 años sus predecesores en el cargo, así como un pacto de Estado entre todas las formaciones políticas para dar estabilidad al mundo de la ciencia.

«El CSIC necesita una ley específica que contemple el consejo como la organización pública y científica que es y como el símbolo de la ciencia que todos los españoles identifican. Ese sería el regalo de cumpleaños que necesita el CSIC», reclamó Lora-Tamayo, al mismo tiempo que manifestaba que le gustaría recordar el 75 aniversario del organismo como el año en el que se empezó a forjar un acuerdo político en materia de I+D+i.

Según indicó, el CSIC encara su futuro con el problema de los recursos humanos y la elevada media de edad del personal, así como la escasez de posiciones estables para atraer investigadores y la «falta absoluta» de posibilidades para incorporar personal técnico y administrativo.

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El CSIC ha sufrido en nivel superlativo los recortes que han afectado al mundo de la ciencia en los últimos años, pero muchos de sus científicos advierten de que los problemas corren el riesgo de perpetuarse incluso en el caso de una recuperación económica. «Esto es un dinosaurio que necesita una sacudida. No valen más parches», sintetizaba el domingo pasado en declaraciones a  EL PERIÓDICO Mario Díaz, ecólogo del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Dos de las consecuencias más llamativas del sistema son la incapacidad para retener al talento joven y el envejecimiento de la plantilla, con una media de edad de 55 años, destacaban otros investigadores entre los 130 firmantes de la Declaración para una reforma institucional, una especie de decálogo que desde esta semana han enviado a los partidos políticos «para que conozcan la situación y decidan si vale la pena hacer algo». Los firmantes piden  modernización, transparencia, gestión eficiente y autonomía de gobierno.