Los taxistas reclaman que los conductores de VTC pasen un examen y que tengan el nivel B2 de catalán

O todos moros, o todos cristianos. El taxi, en su batalla contra las VTC, alterna la defensa con el ataque, y ahora es el turno de una nueva ofensiva. El gremio reclamará al Parlament que establezca una credencial para los conductores de empresas como Cabify, Bolt o Uber, que incluya una formación mínima. Es decir, que al margen de la licencia administativa, que los chóferes, como hacen los taxistas, se tengan que enfrentar a algún tipo de examen. Y también, que acrediten un nivel mínimo de catalán. Así, unos y otros podrían blandir un conocimiento suficiente de la ciudad y un uso idóneo de la lengua del lugar.

La obtención del carnet de taxista no es ningún camino de rosas. Los datos lo corroboran, con solo un 38,2% de aprobados en la última década. Entre principios de 2013 y finales de 2022, un total de 21.838 personas (cerca del 90% eran hombres) intentaron superar el examen, pero solo 8.334 lo pasaron, lo que significa que 13.504 se quedaron sin la credencial. Para poder presentarse, los aspirantes deben acreditar al menos un año de carnet de conducir B o superior. También deben obtener un informe psicofísico del tipo 2, que no es un filtro excesivo pero algo es algo, y presentar, impoluto, por supuesto, el certificado de delitos de naturaleza sexual. Por último, deben acreditar el nivel B1 de catalán.

Para ser conductor de VTC, a día de hoy, basta con tener el carnet de conducir, aunque algunas empresas requieren un mínimo de años de carnet y un mínimo de puntos. Es el caso de Vecttor, filial de Cabify, que exige ocho puntos y dos años de carnet. Es decir, que prácticamente cualquier persona con licencia podría aplicar hoy mismo para formar parte de la plantilla de una de las plataformas de VTC, o para explotar, como asalariado, la licencia adquirida por algún autónomo.

El marco legal

La base legal ya la tienen. El decreto aprobado a mediados de 2022 por el Govern de 'medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor', dice lo siguiente en su artículo 4 sobre condiciones para la concesión de las autorizaciones de ámbito urbano: "Que las personas conductoras estén en posesión del permiso de conducir de la clase B o superior, con al menos dos años de antigüedad, sin perjuicio de que las administraciones locales puedan exigir, cuando estén fijadas, condiciones formativas específicas adecuadas al ámbito territorial". O sea, que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ya podría haber introducido, a pesar de lo ambiguo del redactado, algún nuevo requisito a los conductores de VTC.

Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi, explica que la semana que viene han pedido cita con todos los grupos parlamentarios en la Ciutadella. "Las VTC no llevan paquetes; llevan personas", resume este combativo pasan el cepillo en su propia parroquia, también pedirán a los políticos que los taxistas tengan que acreditar el nivel de catalán B2. "Si ahora nos consideran un servicio económico de interés general, no puede ser que a los funcionarios se les exija más que a nosotros", añade.

Colectivo "proactivo"

Luis Berbel, presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya (Stac), se expresa en término muy similares: "El examen para las VTC es adecuado. Son conductores que atienden a la sociedad con un servicio público, así que tienen que poder demostrar unos mínimos conocimientos para ofrecer un servicio de calidad".

Por parte de la patronal VTC Gran Turisme, que agrupa las licencias de toda la vida, las que existían antes de la irrupción de Uber, su portavoz Romà Llort, explica que sus asociados "cumplen sobradamente en cuanto al nivel de idiomas y conocimiento del territorio", elementos, asegura, que han integrado "en la selección de los asalariados". A pesar de ello, prosigue, apoyan "cualquier mejora en el sector". "Somos proactivos en elevar el nivel", concluye.

Álvarez espera que todo esto quede recogido en la nueva ley de transporte de vehículos de hasta nueve plazas, que empezó a discutirse con todos los sectores implicados en el último trimestre de 2023. La normativa abordará por separado a los taxistas, las VTC clásicas (denominadas 'gran turismo', las de bodas, funerales, ferias y eventos) las VTC de plataforma (Uber, Cabify, Bolt...) y las empresas de intermediación (como Free Now). Los taxistas quieren que la ley incorpore la formación obligatoria para los conductores de VTC. Y también el B2 de catalán para ellos. Todo debería desempatarse en algún momento de este trimestre. O al menos así lo anunció Territori, que tiene el reto, no solo de actualizar una ley de 2003, sino de poner orden en una pelea de gallos y que luego no empiecen a salir fisuras legales.

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