Territori estudiará el marco jurídico antes de permitir las cámaras de videovigilancia en los taxis de Barcelona

Luis Pérez Juárez tenía 48 años cuando fue asesinado. Sucedió el 27 de diciembre de 2002, después de que un hombre solicitara un taxi para ir de Santa Coloma a Sabadell y le apuñalara varias veces por la espalda para robarle la recaudación. Su cadáver fue hallado de madrugada frente al número 24 de la calle de Leovigild de la ciudad vallesana, en una zona de escasa visibilidad. Su vehículo, un Citroën Xantia, fue localizado horas después en el barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs. Al criminal lo apresaron pocos días después, un delincuente de poca monta con varias penas a sus espaldas. Aquel suceso levantó en armas al gremio de los taxistas. Salieron a la calle al grito de "queremos más seguridad". Su compañero dejaba esposa y un hijo que entonces también era taxista. Su muerte plantó la semilla del sistema 112 que los conductores llevan instalado en el coche desde hace casi 20 años, un botón que, al apretarse, conecta con el servicio de emergencias, que no solo geolocaliza el vehículo, sino que, de manera instantánea, permite que desde la sala de control se escuche todo lo que sucede en el taxi. Nada ha cambiado en estas dos décadas a pesar de que el colectivo lleva mucho tiempo reclamando que les dejen instalar cámaras de videovigilancia. Este jueves han vuelto a discutirlo con la administración. Lo único que han arañado es que se estudiará el marco jurídico antes de tomar una decisión.

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En la sede del Departament de Territori se han visto las caras responsables de la dirección de Transports, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), el servicio de emergencias 112, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana y las asociaciones Elite Taxi, Sindicato del Taxi de Catalunya, Taxi Companys y la Asociación Empresarial del Taxi. Todos ellos conforman la mesa de seguridad del taxi, que no se reunía desde hacía un año. De entrada, se han aportado algunos datos: entre 2022 y 2023, los Mossos han registrado cerca de 700 denuncias vinculadas por el taxi, el 90% de las cuales hacen referencia a robos. Lesiones: 40, de carácter leve.

Ya no es un 'no'

No se han alcanzado grandes acuerdos, cosa que no ha gustado demasiado al gremio. Pero sí hay algo de luz: el Govern se compromete a estudiar el marco legal, y de ese análisis, conocidos los límites, y si todo es favorable, debería salir la modificación del Reglamento Metropolitano del Taxi que permita que los taxistas que así lo deseen instalen una cámara de videovigilancia. Pero ojo: no hay compromiso. La principal novedad es que el IMET ha cambiado su 'no' por un 'ya veremos'. Al ente metropolitano le costará no asumir el dictamen de Territori si resulta favorable o si establece, de principio a fin, qué se puede hacer y qué no.

No hay ninguna ley que prohíba que los taxistas instalen una cámara de videovigilancia en el interior de los vehículos. Hay, eso sí, limitaciones que marcan las leyes de protección de datos y de la intimidad de los pasajeros: las imágenes solo pueden captar el interior del automóvil y deben borrarse al cabo de un mes como máximo. Territori, de hecho, podría llamar a las autoridades de ciudades como Sevilla, Zaragoza, Madrid, Sabadell o Alcalá de Henares, lugares con taxis videovigilados que seguro que ya tienen redactado ese informe legal. Tendrían, eso sí, que sumarle la legislación catalana.

Sistema desfasado

Otro de los compromisos de la tarde ha sido la mejora del sistema 112, que es de instalación obligatoria para todos los taxistas desde 2004 y la idea, según detalla un portavoz de Territori, es que la conexión con los cuerpos policiales sea más inmediata. El problema, denuncia Luis Berbel, presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya (Stac) es que no se hace ninguna revisión del servicio. No está sometido a ninguna inspección periódica, a diferencia de los coches, que hasta el quinto año pasan una ITV anual, y a partir de ese momento, semestral.

Esta asociación reclamó en 2010 un control del dispositivo 112 cada 12 meses. Les dijeron que sí. Pero nada. Lo volvieron a reclamar en 2011. Tampoco. "Su funcionamiento no está actualizado; es muy mejorable", resume Berbel. Este jueves ha quedado claro que requerirá una modernización. Ala fuerza, porque funciona con tecnología 2G y 3G, que desaparece en 2025.

¿Y las mamparas?

Por parte del IMET, señalan los taxistas, el único compromiso ha sido crear unas pegatinas para que el cliente sepa, al entrar en el vehículo, que el taxista está conectado con la policía. En la reunión, los taxistas también han reclamado que se puedan anular los 'airbag' laterales, de manera que se puedan instalar mamparas sin problemas. Están permitidas, pero el dispositivo de seguridad hinchable es incompatible con la instalación de metacrilato. Berbel recuerda que los coches de policía pueden llevar el separador porque, asegura, los 'airbag' están fuera de servicio. Por seguridad y aislamiento, piden el mismo trato para ellos. Territori se ha comprometido a estudiar la viabilidad de la propuesta. Ni sí ni no. Ese sería el titular del día.