Mismo propietario
Frente común de vecinos por riesgo de expulsión de dos bloques del centro de Barcelona
Temor al desalojo sobre un presunto refugio de la Guerra Civil en Barcelona
El 30% de la vivienda de alquiler en Barcelona ya es 'de temporada'
El Periódico
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Activistas del Sindicat de Llogateres, el Sindicato de Barrio de Poble-Sec y el Sindicato por la Vivienda del Casco Antiguo han alertado del riesgo que corren vecinos de dos bloques del Poble Sec y el Born de ser "expulsados" por la misma propiedad. Los dos bloques están ubicados en la calle d'En Cortines del Born (Ciutat Vella) y la calle Tapioles del Poble Sec (Sants-Montjuïc). En este último caso, como explicó este diario, las obras previstas podrían afectar a un presunto refugio de la Guerra Civil oculto bajo la finca.
Ambos son propiedad de Second House, una compañía que compra edificios y lotes de viviendas con o sin inquilinos. Según han explicado este martes los activistas a favor de vivienda digna, las negociaciones con esta empresa inmobiliaria no avanzan, algo que achacan a que "compra, vacía y vende" como modus vivendi. Tras un año intentando negociar, los sindicatos de inquilinos y los vecinos afectados se han aliado y han presentado en rueda de prensa sus casos.
Paloma, del edificio de la calle Tapioles, ha explicado que en el bloque viven 23 personas en 11 pisos. Algunas de ellas llevan residiendo allí desde hace diez años, o incluso más de 50. Paloma ha aseverado que la propiedad les afirmó -después de adquirir el edificio- que "no dejaban a nadie en la calle" y que "no se preocupasen", aunque la realidad es que ellas no confían en su palabra y "sufren la angustia de no tener resuelta" la continuidad en su vivienda.
Por otro lado, Cristina, vecina del bloque de Cortines, ha informado que de los 16 pisos y del local que conforma el edificio, cinco de ellos están okupados. Esta inquilina ha exigido a la propiedad que apruebe un precio asequible de los alquileres y, en concreto para los vecinos que se consideran vulnerables, que las rentas sean sociales. Cristina ha puesto en duda que la propiedad dé valor a los informes sociales que sirven para acreditar la vulnerabilidad.
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